Finalmente la empresa láctea La Sibila logró adquirir la compañía de capitales belgas Inovatech, situada en la localidad corobesa de Villa Nueva, tal como lo adelantó Infocampo el 17 de marzo pasado.
La venta se concretó luego de que funcionarios del gobierno nacional intervinieran en el conflicto gremial que se desató cuando las autoridades de La Sibila manifestaran que para concretar la operación tendrían que reducir el personal (de 70 a 40 empleados).
Entonces las máximas autoridades del Ministerio de la Producción, junto con el intendente kirchnerista de la localidad vecina de Villa María, Eduardo Acastello, decidieron iniciar gestiones para que se otorguen subsidios a los trabajadores que fueses despedidos al realizar la venta.
El acuerdo consensuado contempla un subsidio de $ 600 para cada uno de los 30 trabajadores despedidos, el cual será pagado durante los próximos seis meses por el Ministerio de Trabajo de la Nación (a esta compensación se le sumará además la correspondiente indemnización).
“Estamos muy conformes porque todo terminó realmente muy bien, con un final feliz para todos”, dijo hoy a Infocampo Luciano Di Tella, director de Política Lechera de la Secretaría de Agricultura (Sagpya).
“La situación era complicada, porque había problemas con la continuidad de muchos trabajadores”, indicó Di Tella, para luego mencionar que “hemos colaborado un poco para que la operación pueda concretarse”.
DMV International, firma controlada por el grupo belga Campina, con sede en los Países Bajos, decidió adquirir en 2006 la planta Inovatech Argentina S.A., cuando se registraba por entonces una fase de expansión del negocio lácteo a nivel global.
Pero a partir del segundo semestre de 2008 los ingresos de Campina comenzaron a experimentar mermas en línea con la profunda caída registrada por los precios internacionales de los productos lácteos y con la desaceralación de la demanda generada por la crisis financiera global.
La situación particular argentina, con exportaciones lácteas restringidas y un mercado interno regulado por el gobierno nacional, contribuyó a que el directorio de Campina decida liquidar las inversiones realizadas en el país.
