El actual candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Gerónimo “Momo” Venegas, montó desde el ex Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) un esquema de contrataciones para beneficiar a empresas vinculadas a su entorno y a los dirigentes de Uatre, el gremio que conduce.
En sus últimos dos años de gestión, 2010 y 2011, destinó más de 30 millones de pesos para contratar servicios de fiscalización, cobros y gestión, capacitación, seguridad y servicios informáticos.
Algunos de los contratos fueron para Gregard S. A., encargada de controlar el trabajo registrado en los campos. En el período mencionado, recibió 10,8 millones de pesos. Esta compañía tenía el mismo domicilio fiscal que el gremio de los peones rurales (Reconquista 630). Su presidenta, Elba Araceli de Robles, participa de otras empresas vinculadas al sector farmacéutico y a la obra social de Uatre (Osprera). Además es el nexo empresario entre Venegas y Eduardo Duhalde (ver aparte).
Otro de los contratos del Momo fue para Trivio S. A., encargada de la recaudación de los aportes patronales (5,07 millones de pesos). Uno de losprimeros presidentes de esta empresa fue Matías Ciccimarra, socio de Elba Araceli de Robles en al menos dos compañías. El Momo distribuía millones de pesos en contratos para empresas vinculadas al gremio que no ofrecían las contraprestaciones adecuadas, según determinó un informe de la Sindicatura General de la Nación.
El Momo Venegas se jactaba de haber conseguido la registración de 840.000 peones rurales desde la creación del Renatre, durante la breve presidencia de Eduardo Duhalde (2002). Sin embargo, ese dato escondía una trampa: sólo el 40 por ciento de ese total realizaba aportes a la AFIP. Además, era común la registración compulsiva de supuestos trabajadores rurales. Página/12 reveló el 13 de febrero de 2012 cómo era el mecanismo para entregar libretas a quienes no eran peones, con el objetivo de engrosar el número de supuestos registrados.
Según publicó Página 12, cuando el Estado tomó la decisión de crear un nuevo registro (Renatea), junto a un nuevo marco legal para los trabajadores del sector, descubrió que el número de peones registrados era un 60 por ciento inferior a lo que sostenían el Momo Venegas y el resto de los directores del registro, que a su vez eran integrantes de la Mesa de Enlace. También coincidió con el descubrimiento de varios casos de trabajo esclavo.
Entre 2008 y 2012, sobre un total de 2145 certificados de deudas por multas por un valor de 9,7 millones de pesos, el ex Renatre había gestionado el cobro de tan sólo 566 multas (2,1 millones). En la práctica, benefició a las empresas con una transferencia de recursos –por multas no cobradas– de casi 7 millones de pesos. Los magros resultados de la fiscalización y la recaudación no le impidieron a Venegas destinar casi 16 millones de pesos en contratos para Gregard S. A. y Trivio S. A.
