La fuerte devaluación del peso que convalidó el Gobierno la semana pasada, cuando perdió 17% de su valor en comparación con el dólar, hace crujir incluso a sus trincheras mejor defendidas. En sólo siete días, YPF, cuya estatización contó al ministro de Economía, Axel Kicillof, entre sus promotores más entusiastas, quedó presa de la tempestad cambiaria. El mercado así se lo hizo saber: pese a la recuperación de 6,5% que mostró ayer, desde la mirada de los inversores la empresa vale hoy un 15% menos que el lunes de la semana pasada, de acuerdo con su cotización en la Bolsa de Buenos Aires, según publica La Nación.
La caída de la petrolera que conduce Miguel Galuccio es la más resonante en un contexto signado po r tropezones de casi todas las empresas íntimamente vinculadas con el mercado interno. En la última semana, la distribuidora gasífera Metrogas (también pertenece a YPF) perdió 10%; la eléctrica Edenor, 7,55%; la petrolera Petrobras, 4,5%; la telefónica Telecom, 8,7%, y la alimenticia Molinos, 10,5%, para citar algunos casos.
Un allegado a la petrolera estatizada, que pidió reserva de su nombre, sostuvo: “Tenemos un alto componente de costos en dólares, importamos y vendemos en pesos. Es lógico que el mercado nos castigue”. Lo hizo sin esbozar preocupación. En parte, porque la petrolera muestra cierto acostumbramiento a tratar con las fluctuaciones cambiarias que convalida su principal accionista, el Gobierno.
Se trata, sin embargo, de una discusión constante entre la torre de Puerto Madero y el Ministerio de Economía. La última ocurrió el 27 de diciembre, en las oficinas de la Secretaría de Comercio, en Diagonal Sur. El anfitrión, Augusto Costa, recibió a representantes de las principales compañías petroleras de la Argentina. Estaban, entre otros, Juan José Aranguren, el presidente de Shell, a quien el Gobierno intentó hacer responsable de la devaluación; Patricio Chababo, vicepresidente de Axion Energy (opera bajo la bandera de Esso); Diego Saralegui, de Asuntos Públicos de Petrobras, y Carlos Alfonsi, director de Downstream de YPF y uno de los ejecutivos que tienen oficinas en el piso 32 de la petrolera estatizada. También había representantes de Pdvsa, Refinor y Dapsa. Días antes habían tenido un encuentro en el que participó el propio Kicillof.
Costa fue el primero en hablar. Les dijo a los ejecutivos que su intención era “resolver algunas tensiones” relacionadas con los precios de los combustibles. Y afirmó que en diciembre del año pasado se había cumplido una pauta de aumento de 6,5% para las naftas y el gasoil, a lo que los empresarios no respondieron.
El funcionario retomó la palabra y propuso implementar un ajuste de 5% en los combustibles para enero. Ante el silencio de sus colegas, el ejecutivo de YPF tomó la voz del grupo: dijo que esa pauta de aumento le parecía insuficiente, y propuso un ajuste, como mínimo, de entre 6,5 y 7 por ciento.
Antes había explicado sus motivos. Entre ellos, los desacoples en el negocio del downstream (así se denomina a la refinación y comercialización de combustibles) debido a una estructura de costos dolarizada e ingresos altamente pesificados. Hacía referencia a la devaluación de la última etapa de 2013, mucho más leve que el raid de la semana pasada.
YPF es la empresa más grande del país. Según sus balances, en los primeros nueve meses del año pasado facturó 64.819 millones de pesos, de los cuales 85% fueron en la Argentina. El resto se repartió entre el Mercosur y otros países del continente. Otros $ 1153 millones vinieron de Europa. Es un resultado lógico: su principal negocio es vender combustibles y lubricantes en la Argentina, en moneda local.
