Organizaciones sociales realizarán este jueves una movilización y un corte de tránsito en el puente Pueyrredón, que une la capital con la provincia de Buenos Aires y en cuyas inmediaciones fueron asesinados hace 12 años los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, por quienes renovarán el pedido de justicia, informó la agencia Noticias Argentinas.
“Ni (Eduardo) Duhalde; ni Felipe Solá, diputado del Frente Renovador, que conduce Sergio Massa; ni Juan José Álvarez, exagente de la SIDE durante la última dictadura cívico-militar, secretario de Seguridad del duhaldismo y armador y operador político del massismo; ni Alfredo Atanasof; ni Jorge Matzkin; ni Luis Genoud: ni Oscar Rodríguez; ni Jorge Vanossi; ni Aníbal Fernández; ni el difunto Carlos Soria, entre otros, fueron investigados por aquella Masacre”, dice un comunicado del Frente Popular Darío Santillán.
La organización señaló que la nueva movilización para pedir justicia por los militantes sociales asesinados se realiza “en un contexto en el que el poder político continúa impune, amparado por acuerdos oscuros y complicidades perversas” y que “la causa está cajoneada por el juez federal Ariel Lijo”.
El reclamo de justicia por Kosteki y Santillán empezará este miércoles, a las 17.00, con una jornada cultural en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (ex Avellaneda) que finalizará a la medianoche con una marcha de antorchas, que dará inicio a la vigilia de la movilización y homenaje del jueves.
El 26 de junio de 2002, un operativo conjunto de las policías federal, bonaerense, Gendarmería y Prefectura reprimió con balas de goma y plomo una protesta de trabajadores desocupados, que exigían un aumento de subsidios y alimentos.
En la fatal jornada, Kosteki (21 años) y Santillán (22 años) murieron asesinados en manos de dos policías provinciales.
Siete policías fueron encontrados culpables de los homicidios: el comisario inspector Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, condenados a cadena perpetua; Félix Vega, Carlos Quevedo y Mario de la Fuente, cuatro años de prisión por encubrimiento agravado (una de ellas con cumplimiento efectivo).
Además, el expolicía Gastón Sierra recibió una pena de tres años por ese mismo ilícito, al igual que el expolicía Lorenzo Colman a dos años de prisión.
En tanto, otro expolicía Celestino Robledo fue condenado a diez meses de prisión en suspenso por usurpación de títulos y honores.
Pese a estas sentencias, agrupaciones de izquierda y sociales y familiares renuevan cada año el pedido de juicio y castigo de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda.
