TIVI (Título Vitivinícola) es el nombre elegido para el bono con garantía de vino que el gobernador Francisco Pérez y sus colaboradores blanquearon ante unos 50 empresarios y dirigentes del sector como su arma para extraer el mayor volumen posible de los 300 millones de litros que, según el INV, sobran y deprimen los precios.
El borrador del proyecto, que ahora deberá tratar la Legislatura para convertirlo en ley, propone que se canalice, a través de la Bolsa de Comercio y el Merval Mendoza, dotándolo de una vida útil de hasta 5 años atado a los recursos disponibles para su amortización, como parte de un lanzamiento gradual en 2 o más series según los resultados obtenidos.
Como había adelantado Los Andes, desde el Ejecutivo, con estimaciones del INV en mano, lo plantearon como su iniciativa para regular el sobre stock vínico, que para muchos prácticamente duplica el registro oficial con proyecciones al 1 de junio de 2015, y así revertir una crisis insostenible.
Por eso, al cabo de una reunión de casi 3 horas, el consenso preliminar que pretendía Pérez para avalar su propuesta llegó, y con él la premura en el tratamiento del proyecto de ley que necesita el TIVI fue la consigna que se llevaron los legisladores oficialistas y de la oposición.
“Se necesita implementar en no más de un mes; después será más complicado”, advirtieron algunos de los presentes en el salón de la Bolsa acerca del lanzamiento.
Resta conocer otras condiciones del proyecto, tales como el tope a adquirir a cada tenedor de vino y la relación entre el producido de la venta del producto final y la integración del fondo de amortización y rescate del título que, al menos ayer, se intentó obtener sin éxito de los funcionarios del Ministerio de Agroindustria.
La noción remite a la experiencia de los Tidavidem (Títulos de Ahorro Vitivinícola de Mendoza), lanzados en 1988, durante el gobierno de José Bordón.
Los memoriosos citan que la problemática entonces era más aguda (9 meses de sobre stock), y por eso insisten en “aggiornar” el formato a los tiempos que corren: un ejemplo es que, en lugar de la sobre tasa que se cobraba en aquel momento sobre los Certificados de Libre Circulación del vino en garantía para el rescate, la alternativa actual sería ajustar la alícuota de Ingresos Brutos a los contribuyentes de la actividad.
Según publicó diario Los Andes, para el titular de la Bolsa de Comercio, Alberto Díaz Telli, “fue una discusión larga pero se acordó apoyar la emisión del título y que sea rápido. Siendo una herramienta bursátil, el soporte informático de la Bolsa y el Mercado de Valores asegurarán transparencia: desde el registro de contratos y condiciones de liquidación y conocer la identidad de compradores y tenedores de bonos vía electrónica”.
Del lado de los industriales, existe un prudente apoyo inicial. “Queda claro que hay un excedente de hasta 380 millones de litros de acuerdo a los datos del INV que presionan sobre el mercado, en parte por un error del pronóstico que compartimos y que condicionó el acuerdo con San Juan. Sin ser la solución definitiva, al menos es una herramienta útil pensando en la cosecha 2015 y con la proyección de ventas al 1 de junio”, consideró José Luis Lanzarini, de la Unión Vitivinícola Argentina.
Otro resorte que el borrador del TIVI prevé es el plazo. Mientras que con los Tidavidem fue 12 años, la nueva versión no sería superior a 5, en varias series y con períodos cuatri o semestrales para su rescate parcial y paulatino del mercado.
Más allá del consenso primario, un punto de disidencia fue el volumen a extraer medido en meses de despachos al consumo. Mientras la Provincia y el INV se aferran a 3 meses, algunos dirigentes aseguran que deben ser más.
“Me parece la mejor decisión que se pueda tomar, aunque con el volumen previsto puede liberarse un poco la oferta y la demanda. Se necesita sacar mucho más vino del mercado, al menos 4 o 5 meses”, argumentó Horacio Meli, vicepresidente de la Federación Vitivinícola y titular de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Tupungato.
Sea como fuere la figura final del TIVI, el Gobierno mendocino abrió el juego con la intención de “regionalizar” su alcance y sumar a San Juan. Desde allí se muestran proclives porque, como lo definió Ángel Leotta, presidente de la Cámara Vitivinícola de esa provincia, “en la situación actual de la industria cualquier cosa sirve y suma. Habría que ver cómo se va a trabajar porque San Juan está más enfocado en una solución a nivel nacional, como se discutirá mañana con Casamiquela”.
Sobre la eficacia, Leotta es sincero. “Se necesita circulante. Con un bono no pagamos jornales ni insumos, pero entre eso y nada es preferible esto porque el orden de prioridades lo imponen las circunstancias”.
Por su parte, Lanzarini resumió la sensación de varios. “Hay que empezar. Lo que se deba sacar dependerá del resultado de cada serie, como también de cómo se comporte la exportación y el consumo interno”.
