La multinacional Monsanto podría facturar entre 120 y 400 millones de reales el año que viene por los derechos de propiedad intelectual sobre una nueva campaña de soja transgénica en Brasil.
Será la octava campaña cultivada a partir de semillas contrabandeadas desde la Argentina y la segunda sobre la cual Monsanto cobra por la patente del gen resistente al herbicida glifosato. Los productores tendrán que pagar, el año que viene R$1,20 por bolsa de 69 kilos de grano, el doble del valor del royalty pagado este año.
El principal obstáculo para la empresa es la prohibición a la siembra y comercialización de semillas transgénicas (OGM), problema que podría ser resuelto con la aprobación de la Ley de Bioseguridad o la emisión de una nueva medida provisoria.
El esfuerzo de Monsanto en los últimos tres años por defender sus intereses comerciales en Brasil dio resultado. Las dos campañas de soja OGM producidas durante el gobierno de Lula fueron comercializadas con el aval del presidente brasileño.
Mientras, algunas entidades de productores han manifestado que es muy alto el precio de R$1,20 de regalías por bolsa de grano, pero para Monsanto no hay lugar para la negociación ya que el valor da cuenta de lo acordado con los productores en la última campaña, precio sobre el cual fue concedido un descuento del 50 por ciento.
La multinacional no da a conocer cuánto fue recaudado en la campaña pasada ni tampoco revela proyecciones de ganancias para la próxima.
Según la expectativa de Abrasem (Asociación Brasileña de Semillas), de que la soja OGM podría alcanzar la tercera parte de la próxima campaña se estima que, de confirmarse la previsión, las ganancias de la empresa podrían llegar a los 400 M de reales sólo por el cobro de regalías. En tanto, la expectativa del Ministerio de Agricultura es más conservadora y basada en los compromisos firmados por los propios productores. Como mínimo, Monsanto conseguiría recaudar 120 M de reales por los derechos de propiedad intelectual durante la próxima campaña.
Pero la firma de la medida provisoria parece tambalear, ya que según declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, luego de reunirse ayer con el presidente Lula, dan cuenta de que el primer mandatario descartó la firma de la medida y que la orientación del gobierno es aguardar a que el Congreso avale el proyecto de Ley de Bioseguridad el próximo 4 de octubre. “El ya firmó dos medidas provisorias sobre soja transgénica, por eso estaría creando un proceso inadecuado si firmase otra; no queremos operar en acciones coyunturales y de emergencia, buscamos un proceso que sea estructurante”, concluyó.
