La serenidad alcanzada tras el salariazo otorgado a las policías provinciales -negociado y acordado en diciembre pasado en un contexto de caos por diversos hechos de vandalismo- comenzó a mutar en intranquilidad luego de que gobiernos de tres provincias se mostraran reacios a cumplir lo pactado, por considerar que la paz se firmó bajo “extorsión”.
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, dio marcha atrás con el incremento salarial a la Policía de su provincia, amparado en un dictamen de la justicia,.
La decisión del mandatario provincial se basó en el análisis del procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, quien consideró que el acuerdo es “nulo e ilegítimo” y que fue “arrancado a la fuerza, de manera extorsiva y producto de la sedición”.
A pesar de la anulación del acta que había incrementado el salario a 8.434 pesos de bolsillo, la fuerza entrerriana tendría un aumento, pero sería una decisión del Gobierno y no producto de una discusión entre las partes, a diferencia del resto de los sectores.
De esta manera, el mandatario entrerriano siguió los pasos de su par chaqueño, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien sobre el epílogo de 2013 fue el primer líder provincial que se mostró en desacuerdo con cumplir lo que se había pactado, por considerar que la negociación se llevó a en medio de una extorsión.
