Este criterio se vincula a la familia rural como administradora de la producción, asentada en el campo o muy cerca de él (una localidad aledaña), llevando adelante el trabajo que requiere la explotación por sí misma, con menor intervención de empleados.
Estos amplios parámetros dan lugar a una estratificación vinculada a la capacidad económica de una figura de la realidad rural que pocas veces es noticia.
Por un lado están los agricultores “de subsistencia”, que como su nombre lo indica se encuentran prácticamente afuera del mercado, y su producción se consume localmente. Están muy vinculados a la problemática de la pobreza rural y se estima que hay unas 110 a 120.000 familias en estas condiciones.
El escalón siguiente lo constituyen un universo de unas 60.000 a 70.000 familias con más recursos para la producción. Se encuentran vinculadas a productos destinados principalmente al mercado interno -como yerba mate, cabras, caña de azúcar o miel-, y sus posibilidades de crecimiento económico están relacionadas a obtener créditos a tasa subsidiada, aportes no reintegrables y constituir modelos asociativos que les otorguen más competitividad.
Por último, aparece un tercer segmento constituido por unos 40.000 a 50.000 productores, más vinculados a los productos de la región pampeana y con mayor capacidad de recursos económicos y capital social.
“La agricultura familiar no es la agricultura de los pobres”, arranca diciendo Guillermo Martini, subsecretario de AF en el Ministerio de Agricultura de la Nación. “Responde a un modelo basado en el trabajo familiar, la ocupación del territorio, el uso de la mano de obra propia, que produce alimentos”, agrega.
A partir de 2008, con la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, se le empezó a otorgar un carácter estratégico al área.
Al frente se puso a Martini, un ingeniero agrónomo que venía del área cooperativa en la zona de Marcos Juárez.
Cuando la Secretaría de Agricultura se convirtió en Ministerio, el área adquirió rango de Secretaría, combinada con Desarrollo Rural, a cuyo frente quedó la ingeniera agrónoma Carla Campos Bilbao.
“Uno de los objetivos es integrar a la agricultura familiar a las cadenas de valor”, sostiene la funcionaria en una charla con Infocampo y menciona las cadenas de las frutas de pepitas, el tabaco, el arroz, algodón, hortalizas y la ganadería como ejemplos donde hay que integrar al productor familiar.
“También se plantea que el consumo de alimentos frescos tenga un origen local en agricultores familiares. La provincia de Misiones es un ejemplo de ello, que logró que el 70% de los frescos vengan de productores misiones. Y en esa línea se está trabajando en Formosa y Chaco, por poner dos ejemplos”, agrega.
Martini trae a colación el ejemplo de la Asociación de Pequeños Productores de Tucumán, en la localidad de Famaillá.
Cuenta que en plena crisis de 2001, unos 600 agricultores se juntaron para buscar una salida común. Con apoyo estatal la encontraron en la producción de papa semilla. Construyeron cámaras de vernalización, compraron tractores y armaron un mercado de concentración para mejorar la comercialización de su producto. Sobre esa base diversificaron su producción hacia otros cultivos hortícolas y agrícolas. “Es una demostración de que el asociativismo es una vía posible”.
Esta concepción marca una diferencia con lo que ocurría en los 90, cuando la intervención se realizaba únicamente mediante créditos multilaterales (BID, BIRF) que asistían al segmento más relegado, el de la subsistencia.
Según Campos Bilbao, su Secretaría cuenta con fondos por $500 millones tanto para AF como para Desarrollo Rural.
“Antes había planes de contingencia para la pobreza. Hoy tenemos una estrategia de integración”, apunta Martini. “Nunca un productor de bananas de Formosa va a poder desarrollarse si no llega con su producto a los grandes centros urbanos, empezando por los de su provincia”, explica. “En ese sentido, la política de intervención apunta a fortalecer la capacidad de organización de los productores familiares”, agrega.
Una de las expectativas está centrada en el aprovechamiento del sistema cooperativo agrícola para apuntar ese fortalecimiento.
“Solo en la pampa húmeda hay unas 520 cooperativas, que involucra una base social de unas 118.000 personas. Y uno de los ejes del ministro Domínguez para el Plan Estratégico Agroalimentario es justamente el cooperativismo, porque es la forma natural de dar escala y de atender técnica y socialmente a productores que individualmente son presa fácil del sistema”, concluye.
El trabajo del área se realiza en conjunto con las organizaciones sociales, que se nuclean en el Foro Nacional de la Agricultura Familiar. Junto con las provincias y los municipios, la Nación trabaja en mesas regionales con la participación de estas organizaciones. Al mismo tiempo se lleva adelante un registro de agricultores familiares, que lleva inscriptos a más de 35.000 de ellos.
La estrategia del Inta
El Inta lleva adelante el Centro de Investigación para la Pequeña Agricultura Familiar (Cipaf), que apunta a cerrar la brecha tecnológica de este segmento de la vida rural.Según un estudio que realizó el organismo, las agriculturas familiares aportan el 53% del empleo rural y representan el 66% de las explotaciones agropecuarias del país. Producen el 85% del tabaco, el algodón, la yerba mate y la caña de azúcar de la Argentina, así como el 80% de las hortalizas que se producen.
“Ellos son los protagonistas de la vida rural”, asegura José Catalano (foto), coordinador del Cipaf. “Sin embargo, se encuentran relegados a zonas marginales de producción, padecen problemas históricos de acceso al agua, a la tierra y a la comercialización, y de las 328.000 explotaciones agropecuarias que se registran en el país, más de la mitad son familias pobres estructurales”, agrega.
Nota publicada en la Edición de Hoy del Semanario Infocampo
