Jorge Todesca, director de Finsopor S.A., una de las consultoras privadas amenazadas con ser multadas por medir la inflación, celebró el procesamiento dictado en el día de ayer al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y dijo que si él fuera la presidente, le pediría la renuncia.
“Me siento reconfortado, este paso es muy importante para mí como ciudadano”, dijo el ex viceministro de Economía, responsable de presentar en el 2011 la querella contra el polémico funcionario kirchnerista que desembocó en su procesamiento, en declaraciones al programa Tierra de locos, de FM Rock and Pop.
“No quiero que parezca que estoy pidiendo la cabeza de Moreno, porque no me interesa el destino personal de él como funcionario, lo que me interesa es sentar un precedente, marcar un límite”, sostuvo Todesca antes de afirmar: “Si yo fuera la presidenta, le pediría la renuncia a un funcionario procesado”.
Consultado sobre la metodología de Moreno para intentar ocultar la inflación, Todesca declaró que no entiende su lógica y que en realidad cree “que no la hay”.
En ese sentido, el economista dijo que Moreno tiene “una visión voluntarista de la cuestión económica, que basta con tener el poder político necesario para decir que las cosas tienen que ser de cierta manera, para que a partir de eso todo se discipline. Y no es así”.
Y agregó: “Yo comparto que el Estado tiene que ejercer la facultad regulatoria, pero de acuerdo a las leyes, y sabiendo cuáles son y cuáles son las que sirven, no siendo anunciadas arbitrariamente como producto de la improvisación”.
En el día de ayer, el juez Claudio Bonadío, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 11, dictó el procesamiento de Moreno por el delito de “abuso de autoridad de funcionario público”, y se ordenó trabar el embargo sobre sus bienes por la suma de $ 50.069,67.
Bonadío también procesó a Fernando Carro, director nacional de Comercio Interior, y a Adalberto Guillermo Rotella, director nacional de Lealtad comercial.
De acuerdo a la resolución, “los encartados abusaron de su autoridad como funcionarios, al actuar ilegal y arbitrariamente en el marco de su competencia específica al formar un sumario administrativo y tras haber intimado ilegalmente, formular cargo y luego multar a Finosoport S.A. -entidad conformada por profesionales de ciencias económicas- con el objetivo que cesara de publicar o facilitar índices y estimaciones de precios.
“Así, se ha probado que desde su inicio, existió una intención clara respecto del accionar que se desplegaría con dicha finalidad, siendo ante todo para que los funcionarios -a despecho de lo que afirmaran- resultaba claro que la actividad de una consultora no se hallaba bajo su supervisión. Ello no solo del claro texto de la ley, sino también porque ese proceder era novedoso y fue implementado respecto de las consultoras en el marco ya descripto, lo cual da pauta de la arbitrariedad del proceder”, concluye.
