El Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza se adelantó a la Navidad y le dio un gran regalo al sector viñatero: después de la polémica con Federico Sturzenegger, donde los comparó con la AFA de “Chiqui” Tapia, la Justicia dio lugar a una medida cautelar de las entidades.
Se trata de la suspensión de manera provisoria los cambios en el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (Formulario CEC 05), los cuales se mantendrá obligatorios en la vendimia 2026.
Tras el recurso de amparo presentado la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) y la Cámara de Productores Agrícolas, contra el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), este martes la Justicia mendocina dio un primer paso dando lugar a la medida cautelar que suspende de manera provisoria la implementación de los cambios que imponía la Resolución INV 37/2025 sobre el CIU y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (Formulario CEC 05).
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LO QUE DICE EL FALLO DE LA JUSTICIA
A partir del 1 de enero comenzarán a regir todas las modificaciones que introdujo el Digesto Vitivinícola, salvo las modificaciones que se introdujeron sobre el CIU y las DDJJ, las cuales fueron pausadas y se mantendrán obligatorias durante la vendimia 2026.
Cabe aclarar que no se trata de un fallo definitivo sobre el fondo del conflicto, sino que ahora el litigio entró en una etapa cautelar que se extenderá por cinco meses, donde se analizará si la derogación del CIU es ilegítima y presenta un riesgo de perjuicio grave e irreparable para la industria vitivinícola.
En esta instancia, el Juzgado Federal Nº 2 entendió que se trata de un reclamo legítimo “que representan derechos de incidencia colectiva e intereses individuales homogéneos”, como enuncia el fallo.
LOS PLANTEOS DE LAS PARTES
De acuerdo al escrito judicial, el sector viñatero planteó ante la Justicia que la eliminación del CIU vulnera el derecho de propiedad de los productores primarios, maquileros y contratistas de viña, en tanto dicho instrumento constituía un documento bilateral esencial para acreditar la cantidad y calidad de la uva entregada a las bodegas.
Las asociaciones firmantes del amparo aseguraron que esto no se trata de un mero trámite administrativo, sino una herramienta sustantiva exigida por la Ley General de Vinos (14.878), la Ley de Contrato de Maquila (25.133) y la Ley de Contratista de Viñas (23.154). Asimismo, plantearon que actualmente la actividad vive en un contexto de marcada asimetría contractual entre productores y elaboradores.
En otro de los pasajes del documento también expresaron que la sustitución del CIU por declaraciones unilaterales del elaborador o por el Documento de Tránsito Vegetal (DTV) carece de la bilateralidad y del control efectivo necesarios para proteger al productor, y que dicha modificación frustra la determinación de la tarifa sustitutiva de aportes y contribuciones previsionales prevista en la Ley 26.377 de Corresponsabilidad Gremial, afectando la formalización del empleo rural y el interés público en materia de seguridad social.
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En cambio, por el lado del INV, defendieron la legalidad de la Resolución 37/2025, sosteniendo que responde a una política de modernización, desburocratización y eficiencia administrativa.
En la argumentación de su accionar plantearon que el Estado no debe actuar como garante documental obligatorio de relaciones contractuales privadas, que la eliminación del CIU no suprime el contrato de maquila ni el derecho de propiedad, y que los productores cuentan con múltiples herramientas alternativas para acreditar la entrega de uva.
REPERCUSIONES EN LA INDUSTRIA
Los primeros en hacerse eco de la resolución de la Justicia fue la Asociación de Viñateros de Mendoza. Matías Manzanares, secretario de AVM, resaltó que la resolución de la cautelar llegó para llevar claridad en un momento clave para la industria, en las vísperas de la cosecha.
“Gracias a Dios la Justicia en este momento le ha dado la razón, no solo a las cuatro entidades que presentamos la acción, sino a toda la vitivinicultura del país”, celebró Manzanares.
En este sentido, agregó que llegaron a esta instancia producto de las diferencias con Federico Sturzenegger y que se podría haber evitado en caso de haber sido escuchados en instancias previas.
El representante de AVM aseguró que distintos actores del sector, incluso los Ministerios de Producción, fueron ignorados por el Ministro de Desregulación “de manera obtusa”.
“Hoy tenemos la primera parte, que es la medida cautelar. Ya nos garantizamos que esta cosecha que viene el SIU siga siendo obligatorio”, celebró Manzanares.
También opinaron del tema desde Acovi, quienes celebraron la medida cautelar.
“Siempre sostuvimos y coincidimos en la necesidad de desregular y modernizar los sistemas para hacerlos más eficientes y acordes a la realidad actual del sector vitivinícola. Mantener la obligatoriedad del CIU y CEC 05 permite asegurar la titularidad de propiedad del productor, su trazabilidad y generar información como base para el desarrollo de políticas vitivinícolas”, escribieron en un breve comunicado en la red social X.
Desde el ámbito político también reaccionaron a la noticia: “Esta situación se podría haber evitado desde un principio. Me encargué personalmente del tema haciéndole saber al Ministro Sturzenegger que esto era de suma importancia para nuestra vitivinicultura en su conjunto”, escribió Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza.
“Sabemos lo que hacemos y de lo que producimos pero, principalmente, escuchamos a quienes a diario trabajan duro para posicionar a Mendoza en lo más alto de la vitivinicultura a nivel mundial”, completó el funcionario, muy vinculado a la actividad vitivinícola, ya que él mismo es dueño de una bodega.
