“La ley del vino Bebida Nacional tiene que salir, porque no será víctima de lo que ocurre con la uva chinche y el Vino de la Costa. Pero sin dudas este tema, que pone sobre el tapete el rol del INV, va a estar presente en el debate previo a la votación”, según publicó Los Andes.
Así, el senador mendocino Ernesto Sanz (UCR) anticipó su postura de “separar los tantos” y poner a salvo la sanción de la esperada norma. Aunque no será obstáculo para plantear el repudio, junto a su par Laura Montero, a la Resolución 23 que reconoce al Vino de la Costa bonaerense como producto pese a obtenerse de uva chinche (no vinificable por ley) se instalará el miércoles 3 en el recinto del Congreso nacional.
Mientras, el recurso administrativo que impulsan las entidades gremiales empresarias para dejar en suspenso la Resolución (la UVA, Acovi, Cámaras regionales de Valle de Uco y Este y, probablemente, las que representan a la vitivinicultura de San Juan) se cocina a fuego lento a la espera de un “gesto voluntario” del presidente del Instituto, Guillermo García. Un gesto que, a juzgar por el hermetismo al que se llamó el cuestionado funcionario, difícilmente llegue antes de la sesión prevista para el miércoles 3.
En tanto, la cruzada de Sanz y Montero se apoya en una figura que garantiza argumentos sólidos para argumentar: la de Luis Borsani, actual prosecretario parlamentario del Senado y ex presidente del INV (de 2000 a 2002). Este diario intentó, infructuosamente, obtener la opinión del otro representante mendocino en la Cámara alta, Adolfo Bermejo (FPV), firme impulsor de la ley del vino Bebida Nacional de Argentina.
Para Sanz, es “un contrasentido que mientras declaramos al vino argentino Bebida Nacional y existiendo una reglamentación tan clara, el INV haya hecho una excepción porque lo pidió la Presidenta”.
En busca de otra ley
La afirmación se refiere a la naturaleza política de la Resolución 23. Como trasfondo de la decisión firmada por García el 12 de junio para reconocer como vino regional al Vino de la Costa a pesar de provenir de uvas Isabella, (de ingreso prohibido a bodegas a partir de 2010), Osvaldo Paissan, uno de los productores de Berisso beneficiados, había admitido a Los Andes que “lo que cambió todo fue una carta que le di en mano a la presidenta Cristina Fernández”.
Como si desconociera los parámetros que salteó la 23/13, para Paissan el Vino de la Costa “está hecho con uva, entonces es vino”.
Por su parte, Montero, ingeniera agrónoma de profesión, indicó que “es grave porque se abre una puerta en una industria que pasó crisis, por malas políticas, se reacomodó y empezó a transitar el camino del plan estratégico, reconversión y busca de nuevos mercados, en base a consensos. ¿Cómo cae ahora una resolución que valida una producción de híbridos que sólo sirven como portainjertos? Se viola lo que está vigente, sin contar el efecto amplificador que tendrá en Brasil”.
Además del proyecto de resolución que promete introducir para repudiar la medida, Montero preanunció un proyecto de ley para que las resoluciones que restringen el uso de vitis labrusca adquiera rango de ley. “Lo que tampoco se puede permitir es la permeabilidad de los funcionarios que están al frente de entes de control, como es en este caso la policía del vino”, redondeó.
A pintarse la cara
Si de argumentos se trata, los asesores legales de las entidades, con la Unión Vitivinícola Argentina a la cabeza, terminaban de pulir ayer el recurso administrativo que tienen en la gatera. “Vamos a hacer un último intento de salida acordada con el presidente del INV, para que esta gente se adapte razonablemente. No se puede mirar para otro lado y dejar pasar todo esto. El día de mañana, otra gestión que no sea la de García, con este antecedente, podrá autorizar a que se elabore en un mayor volumen”, señaló Sergio Villanueva, de la UVA, quien, más allá de un recurso de amparo, reafirmó que “iremos a la Nación de ser necesario”.
Antes de pintarse la cara y endurecer la postura, el último “diálogo”, según las entidades, sólo tendrá efecto si hay un sí o no del Instituto al pedido de derogación de la medida o, en su defecto, que modifique su contenido (definición alternativa del Vino de la Costa, un sucedáneo o la reconversión como condición).
Cabe recordar que el malestar con García de la Comisión Asesora Técnica, foro no vinculante habitualmente consultado ante cada medida y que esta vez se dejó de lado, se encamina a ser otro alegato, reforzado por la vía política que aceleró la decisión (ver aparte). Para Villanueva, “la gran mayoría se pronunció en contra por la falta de debate en la Comisión, que terminó trasladándose a la opinión pública a través de los medios”.
Hasta ahora en silencio, incluso desde Coviar se preparan para tratar la controversia en una mesa ampliada de la comisión de Comunicación el próximo viernes 5. “Hay cosas que no quedan claras del todo y que el INV debiera precisar, sobre todo porque preocupa la proyección que tenga esto. Nos debemos una discusión seria al respecto”, consignó su vicepresidente, José “Catuco” Molina.
