Tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Juzgado Federal de Viedma, a cargo de la Dra. Mirta Filipuzzi, ordenó la detención del titular y el encargado de una explotación rural, dedicada a la recolección de cebollas luego un operativo en el que se pudo constatar que siete empleados –uno de ellos menor de edad– desarrollaban su actividad en condiciones de extrema precariedad.
En la finca, que se encuentra ubicada en la localidad de General Conesa, se relevó la situación previsional de siete personas, seis de las cuales de nacionalidad paraguaya, que habían ingresado al país como turistas. Todos se encontraban indocumentados.
En tanto, el menor fue trasladado a la Delegación de Policía para su protección y resguardo y se notificó de la situación a la Secretaría de Derechos Humanos y Ministerio de Familia.
Según pudieron constatar los inspectores de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, los empleados vivían sin las condiciones mínimas de higiene y en estado de hacinamiento.
