Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) señalaron su “satisfacción” por los fallos emitidos por la Justicia que avalaron los reclamos del campo en contra de la siempre controvertida tasa vial que cobran muchos municipios.
“Un paso hacia la transparencia: fallos judiciales que ordenan el sistema de tasas viales”, puntualizó la entidad que preside Ignacio Kovarsky en un comunicado.
“En los últimos días, decisiones judiciales en distritos como Daireaux y Azul se suman a una línea jurisprudencial que ya había tenido un antecedente relevante en Carlos Casares, donde la productora Andrea Passerini obtuvo un fallo firme que declaró la ilegitimidad del cobro de la tasa vial ante la falta de prestación efectiva del servicio”, precisó.
Además, señaló que estos pronunciamientos “consolidan principios básicos que Carbap viene sosteniendo desde hace años: una tasa sólo puede ser exigida cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable”.
“Cuando ello no ocurre, el tributo se transforma en un impuesto encubierto, violando garantías constitucionales esenciales”, argumentó.
La Tasa Vial, otra vez bajo la mira: duro reclamo de productores de 9 de Julio contra el municipio
LA TASA VIAL EN AZUL
En el caso del municipio de Azul, había determinado un tributo que ahora recibió un freno por parte de la Justicia.
Según Carbap, los magistrados avanzaron “incluso sobre la validez formal del tributo, declarando su inaplicabilidad por no haber sido aprobado con la mayoría constitucional requerida, lo que refuerza la necesidad de respetar los procedimientos legales en materia tributaria”.
“Asimismo, distintos procesos judiciales en la provincia reflejan una problemática extendida: productores que pagan tasas viales sin que exista un mantenimiento adecuado de los caminos rurales, situación que ha generado un creciente número de reclamos y acciones judiciales en múltiples distritos”, interpretaron desde la Confederación.
Y sumaron: “Estos fallos no sólo resuelven casos particulares, sino que envían una señal institucional contundente: la presión fiscal no puede sostenerse al margen de la legalidad ni desligada de la prestación efectiva de servicios. El campo no rehúye sus obligaciones. Por el contrario, exige reglas claras. Transparencia en el uso de los recursos y una correspondencia real entre lo que se paga y lo que se recibe”.
Caminos y campos inundados en el partido 9 de julio (Imagen de Patricia Gorza)
A la vez, destacaron que “la red vial rural es una herramienta clave para la producción, la educación, la salud y el arraigo, y su deterioro no puede convivir con niveles crecientes de carga tributaria”.
Por estos motivos, Carbap instó a los municipios a “revisar sus esquemas de financiamiento, priorizar la eficiencia en la gestión y garantizar que cada tasa tenga sustento en servicios reales”.
“La judicialización de estos conflictos, lejos de ser el camino ideal, es la consecuencia de la falta de respuestas concretas. La transparencia y la contraprestación no son consignas: son la base de un sistema justo y sostenible”, cerró.
