La reunión de entidades vitivinícolas con el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, y los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Agricultura, Carlos Casamiquela, dejó un mal trago ya que se que había generado altas expectativas sobre la confirmación de fondos para sacar 200 millones de litros, pero que finalmente dejó sabor a nada.
La propuesta integral (plata para desnaturalizar el vino excedente que presiona los precios, reponer un 35% de la cosecha 2015 para mosto) quedó en Casa Rosada sin respuesta. El cuadro no hace más que confirmar el camionetazo que los productores ya empezaron a delinear para el jueves 15, e incluso la propuesta de dejar uva sin cosechar.
Tras el encuentro, los representantes de las entidades ponderaban si habrá salvataje. “Promesas hubo muchas”, soltó Eduardo Sancho, titular de Fecovita y Acovi, que en nombre del cooperativismo fue uno de los que mostró los dientes ante la decisión de la Provincia de bloquear hasta 40% de volúmenes.
Y de los menos partidarios de soluciones que no fueran dinero para eliminar el problemático sobreestock actual.
El orden del día empezó con otros temas menos urgentes para la industria en su conjunto: la renovación del decreto para eximir de la tasa a los vinos espumantes, la agilización de reintegros a las exportaciones y los aportes previsionales de la Corresponsabilidad Gremial vitivinícola. Finalmente, “el” tema: cómo recortar más de 2 meses de vino sobrante.
“El objetivo es sacarlos en beneficio del precio de la uva para el pequeño y mediano productor. Aunque signifique pagarlo lo más barato posible, teniendo en cuenta que iría a destilación”, coincidieron los dirigentes, a quienes no satisfizo ni el silencio oficial al respecto ni el anuncio de conformar 3 comisiones.
Una para el mentado Observatorio de Precios, otra para constituir un fideicomiso de uva y vino y una tercera para la exención a espumantes.
A esa altura, la preocupación ya había contagiado a funcionarios. Tal el caso del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien luego de pronunciarse por un porcentaje de uva a mosto del 35% fue contundente. “Lamentablemente estamos viviendo este año la crisis vitivinícola más grande de la que yo tenga memoria”, enfatizó.
Los Andes intentó infructuosamente contactar al ministro de Agroindustria, Marcelo Costa. Antes de viajar, el funcionario había anticipado que se crearía un fideicomiso para la compra de uva. Y admitió que debía definir una pauta para mosto inferior al 30%.
La falta de definiciones no hizo más que confirmar el camionetazo previsto para el jueves 15. Al menos 15 entidades ya le dijeron sí a una marcha desde distintos oasis a Casa de Gobierno, con apoyo de cámaras bodegueras como BA y UVA.
Ayer, lo que sí se cosechaban eran adhesiones a a la marcha a nivel nacional. Como la de la Federación Económica de Mendoza (FEM) y al Area de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), “ante la situación del sector vitivinícola y por un precio justo de la uva y el vino, según publicó el Diario Los Andes.
A días de la cosecha 2015, sino se solucionan los problemas están en riesgo 130 mil puestos de trabajo en Mendoza”, dice un comunicado.
“Sin pronóstico y con el anuncio del bloqueo del vino, las demoras enervan y paralizan a los actores a la hora de comprar. El tema es saber de cuánto dinero dispondrá la Nación, a cambio de desactivar las medidas anunciadas por la Provincia y fijar el cupo”, resumió por su parte Sergio Villanueva, gerente de la UVA.
Según Sancho, “la medida de fuerza sigue en pie porque los gobiernos no han bajado las medidas y desconocemos los fondos, aunque por desgracia llegan tarde”.
Desde las entidades asumen que “las bases no van a esperar anuncios”. El enojo de los dirigentes se basa en la baja pauta (18%) de mosto en 2014 “cuyas consecuencias se ven ahora. Se lo dijimos al gobernador en febrero, y ahora quiere repetirlo”.
Y también en la insistencia de Agroindustria de destinar 100 millones de litros de vino para exportación “pese a que no tiene mercado afuera. Se lo damos, a ver si lo venden”.
A la hora de hablar de precios, para Sebastián Lafalla “a los tenedores de vino habría que pagarles lo mismo que ellos pagaron al productor. Ahí veremos cómo rinde el dinero. No es un pedido de ayuda, el dinero viene de la devolución del 2,5% de las retenciones a las exportaciones”.
A propósito de cómo administrar fondos, en una nota a los gobernadores de Mendoza y San Juan, la Federación de Viñateros de San Juan planteó que “si el Gobierno Nacional aporta los recursos solicitados deben usarse para un mecanismo de precio sostén, con base de $ 4 el litro de vino blanco, lo que daría para el kilo de uva un promedio de $ 2.50”.
La entidad confronta con el sector industrial, al considerar que entre bloqueo y fondos, “se retiran temporariamente 600 millones de litros de vino”, contra 150 que proponen los fraccionadores para destilación o derrame “lo que no produciría efecto sobre precios del vino de traslado ni de la uva”.
