El proyecto de Emergencia Hídrica del Ejecutivo de San Juan ingresó a la Legislatura provincial esta mañana, según publicó el Diario de Cuyo.
La ley tendrá vigencia por un año y establece una serie de requisitos que deberán cumplir los productores que deseen alcanzar los beneficios de la norma.
En el artículo segundo, el texto promueve la utilización “racional” del recurso, procurando la utilización de las aguas subterráneas y determina “incrementarse al máximo el reúso de efluentes de origen doméstico, industria y agrícola”.
En tanto, las juntas de riego deberán “velar por la buena conservación de la red de riego y desagües, disponer los turnos de riegos entre acueductos, indicar a las autoridades de Hidráulica las fallas que se susciten en la distribución. Podrán promover de oficio o mediante denuncia verbal o escrita ante el juez de faltas que corresponda, todo acto o acción que atente contra el buen manejo del recurso”.
En el artículo séptimo, se aclara que los regantes y productores deberán tener regularizada su obligación tributaria para con el Departamento de Hidráulica, a los fines de poder acceder a los beneficios que surjan de la implementación de la emergencia. Dentro de las atribuciones que también se le otorga al área que administra Jorge Millón, aparece la potestad de realizar contrataciones directas, poder suscribir convenios con particulares titulares de perforaciones con la finalidad afectar el recurso e incrementar los volúmenes de agua disponible de distribución.
Por último, se faculta al Poder Ejecutivo para declarar la cesación parcial o total de la norma, siempre y cuando “la evolución favorable de las condiciones climáticas y el estado de escasez del recurso hídrico así lo aconseje”.
