A raíz del anuncio del gobierno español de retomar las compras de biodiesel a la Argentina luego de las represalias por la expropiación de YPF, Infocampo recordó que varias voces habían asegurado que la medida no resultaría beneficiosa para el país ibérico.
En ese sentido, el director de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), Jorge de Saja, había expresado en abril que los productores españoles estaban “convencidos de la importancia de mantener la entrada de soja procedente de Argentina, un país al que consideran un proveedor estratégico, del que el sector no puede prescindir”.
“España necesita unos 4,5 millones de toneladas de soja al año y, de ellas, entre dos y 2,5 millones se importan de Argentina”, había dicho el gremialista.
Hoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría confirmó que se canceló la Orden Ministerial que establecía el proteccionismo nacional y la asignación de cuotas a los productores comunitarios. En tanto, el ministerio de Industria español argumentó que su aplicación “puede tener una repercusión negativa en los precios de los combustibles en un momento, como el presente, en el que estos alcanzan máximos históricos”.
Por su parte, la consultora Oil World aseguró días atrás que “la persistencia de unas amplias importaciones (de biodiésel) de países externos a la Unión Europea sugiere que el Gobierno español aún no ha podido implementar sus planes para reemplazar esas compras con un sistema de cuotas con los productores europeos”.
Y disparó: “Los grandes descuentos del precio del biodiésel argentino en comparación con el producto doméstico son un fuerte incentivo para importar”.
Sin ir más lejos, la presidenta Cristina Kirchner también había minimizado la decisión del país ibérico y advirtió que los empresarios terminarán pagando el combustible “más caro”.
“No sé cómo impactará en su economía”, había vaticinado.
