De manera sorpresiva, el juez Thomas Griesa convocó a las partes a una nueva audiencia, que comenzó cerca de las 16, hora argentina. Al inicio de la misma el magistrado afirmó que la Argentina “ha tomado el equivalente a una posición ilegal”, al enviar al Congreso un proyecto de ley que cambia el domicilio de pago de los bonistas, informó Infobae.
En esa línea, Griesa señaló que estaba “consternado” de que Argentina no haya hecho consultas legales antes de avanzar en la propuesta, dijeron agencias internacionales.
Insólitamnete, según la agencia NA, los abogados de la Argentina (el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) aseguraron esta tarde ante el juez que no estaban “enterados” del proyecto del Gobierno para cambiar la jurisdicción de pago de los bonos reestructurados.
No es la primera vez que los abogados de Cleary manifiestan desconcer los planes de su cliente. Esto mismo lo hicieron en audiencias pasadas cuando Griesa le recriminaba la posición de los funcionarios argentinos. “Son un país soberano y actúan como tal”, dijeron los abogados en ese momento.
Griesa, en definitiva, ordenó a la Argentina no seguir adelante con el plan para pagar su deuda externa a nivel local, como Cristina Fernández había propuesto. “Es ilegal y no puede llevarse a cabo”, dijo el juez, según reproduce la agencia Bloomberg.
