Este viernes, la Organización Mundial del Comercio falló en contra de la Argentina en una disputa iniciada por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón por las trabas comerciales aplicadas por el país sudamericano.
El Presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), Enrique Mantilla, dijo que su entidad le solicitará al gobierno la apertura de un proceso de consultas para tratar las implicancias del fallo. Mantilla agregó que “esta situación afectará en el corto plazo las negociaciones UE-MERCOSUR y de no adecuar el sistema del régimen de importación dentro de los plazos dispuestos originará retaliaciones a nuestras exportaciones”.
Mantilla explicó que “si el país objeto de la reclamación pierde, debe seguir las recomendaciones del Órgano de Apelación”. “De no adoptar las medidas oportunas, los países tendrá que establecer una compensación mutuamente aceptable. Si transcurridos 20 días no se ha convenido en una compensación satisfactoria, las partes reclamantes podrán pedir autorización del OSD para imponer sanciones comerciales” a la Argentina.
Según el titular de la consultora especializada en comercio internacional DNI, Marcelo Elizondo, esas sanciones podrían llegar a ser de hasta u$s5.000 millones. “La OMC podría autorizar a los reclamantes a aplicar medidas contra Argentina por el equivalente al monto que ellos consideran que fue afectado su comercio. La UE en 2011 dijo que era unos u$s3.000 millones, por lo que sumando al resto de los demandantes y actualizando cifras llegaría a u$s5.000 millones”, dijo Elizondo.
El titular de DNI explicó que el país podría perder esas cifras porque los demandantes le dejen de comprar sus productos, o por el efecto de desmontar las restricciones a las importaciones, lo que implica salida de dólares. “Esto amenaza más al ingreso de dólares a la Argentina”, pronosticó.
Sin embargo, el economista Julio Nogués consideró que las estimaciones de Elizondo son “conservadoras”. “Me extrañaría que fuera menos que eso”, agregó.
Nogués, profesor de Comercio Internacional en la Universidad Di Tella, dijo que la resolución de la OMC “era una noticia esperada”, ya que “hay varios artículos y acuerdos de la OMC que fueron violados por la Argentina desde 2003 y 2004”.
Según publicó Infobae, a diferencia de los pasos tomados por la UE, EE.UU. y Japón, Nogués señaló que China “fue mucho más expeditivo” cuando tuvo diferencias comerciales con la Argentina: “Amenazó con no importar más soja y el Gobierno dejó de lado las medidas antidumping. Por eso subieron las importaciones provenientes de ese país”, indicó.
Para Nogués, si la Argentina quiere normalizar su situación “debe desmantelar las DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación, vigentes desde febrero de 2012), cambiar las políticas de importación y alinearlas con las reglas de la OMC”.
El gobierno argentino puede tomarse 60 días para pedir la revisión ante el tribunal de alzada que funciona de manera permanente y este puede tomarse otros 90 días. Si se cumplieran todos los plazos máximos el fallo podría quedar en firme para fin de año.
