Tras ser imputado por los delitos de asociación ilícita, cohecho y prevaricato, el juez federal de Orán Raúl Reynoso recibió una nueva denuncia: fue acusado de haberse quedado con un campo de 700 hectáreas a cambio de dictar el sobreseimiento de un imputado de transporte de 900 kilos de cocaína, según sostienen el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, en una causa que quedó a cargo del juez Julio Bavio.
El campo en cuestión, “Finca Mollinedo” o “Puesto Mollinedo”, está situado en el departamento salteño de Rivadavia. Y según los fiscales, fue puesto a nombre de la hermana del empleado de ordenanza del juzgado federal de Orán, identificado como César Aparicio, según consigna el diario La Nación.
Los fiscales Iglesias y Villalba pidieron la detención y la declaración indagatoria de Aparicio y de su hermana, según se desprende del dictamen presentado ante el juez federal Julio Bavio. Los hermanos Aparicio fueron apresados anoche y serían indagados hoy.
Ante las denuncias de integrar una asociación ilícita, Reynoso decidió no presentarse y recusó al juez que lo acusa, Julio Bavio.
En el expediente además del juez Reynoso están imputados y detenidos el funcionario judicial Miguel Saavedra y los abogados René Gómez (ex procurador general de Salta), Ramón Valor, Arsenio Gaona (cuñado de Reynoso) y María Elena Esper. La letrada Lucinda Segovia recuperó la libertad tras recibir la falta de mérito.
Gómez y Esper fueron beneficiados, por su edad, con una prisión domiciliaria.
“Como se señaló oportunamente, se imputa a Reynoso, en su calidad de magistrado a cargo del Juzgado Federal de Orán, haber montado, coordinado y encabezado una asociación de carácter estable, con soporte estructural, división de roles, con la capacidad para articularcciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita, que funciona en la ciudad de Orán al menos desde el 19 de marzo de 2010, dedicaba a la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho favorables a los intereses de personas imputadas en procesos judiciales vinculados a conductas de narcocriminalidad, que tramitaron o tramitan actualmente ante ese tribunal, tales como excarcelaciones, prisiones domiciliarias, entregas de bienes y sumas dinerarias secuestradas, dispuestas al menos en las causas que a continuación se enumerarán, todo ello a cambio de dádivas y/o dinero”, afirmaron los fiscales.
