Campos anunció que la Argentina contratará abogados para que ejerzan el derecho del país y mencionó tres puntos básicos que argumentan que “tenemos la razón y que el derecho está de nuestro lado”.
El secretario de Agricultura enfatizó que, cuando la empresa liberó la soja RR en la Argentina, existía una ley de semillas previa, y recordó -también- que el evento no fue patentado, pero sí licenciado con las semilleras, en 148 variedades.
Asimismo, destacó que en la actualidad, el 30% de la semilla comercializada en el país está fiscalizada.
“Cualquier barco que sale de la Argentina, puede demostrar que por lo menos el 60% de lo que contiene es de curso legal, está fiscalizado y proviene, en parte, del uso propio de los productores”, argumentó Campos.
El máximo responsable de la cartera agraria nacional aclaró que la posición de la Argentina es que “las innovaciones tecnológicas hay que pagarlas, porque estamos convencidos de que el futuro pasa por la biotecnología, pero disentimos (con Monsanto) en el cómo se debe cobrar”.
Para Campos, la multinacional “está apelando a un mecanismo extorsivo”, al encarar una denuncia contra los importadores europeos del producto nacional. “En el caso concreto de Dinamarca, la empresa inició una acción contra el importador”, aclaró el funcionario, para agregar que “el importador transmitirá esto al exportador argentino, el que a su vez lo hará recaer en el productor”.
Por este motivo y entendiendo que “se está jugando con la soberanía nacional y se está limitando un bien argentino, con el consecuente daño y perjuicio a la producción global de nuestro país” es que el Estado argentino se presentará como la tercera parte en el litigio, hasta ahora comprendido entre los importadores europeos y Monsanto.
En la conferencia de prensa, Campos se mostró bastante ofuscado con la denuncia de la empresa, a la que acusó de tener “un doble discurso, evidente y alevoso, que no quiero dejar pasar”.
En este sentido, recordó que “mientras el lunes, Monsanto me solicitó avanzar (en la negociación) en una comisión de seguimiento junto con ASA (Asociación de Semilleros Argentinos), el martes me entero por los diarios de la demanda en Dinamarca”.
Inmediatamente después, Campos enfatizó que la Argentina “es un socio pasivo de Estados Unidos, incluso compartimos un panel en la OMC, donde intentamos defender que la soja transgénica y la convencional no tienen diferencias” y mencionó el caso, sin dar nombres, de una empresa americana, que estaría pidiendo ante la OMC una diferenciación entre ambos productos.
En este contexto, el secretario de Agricultura aclaró que se “cortaron las negociaciones” con Monsanto y aclaró que “si yo alegremente digo que mi patente llega al grano, también puede llegar al pellets o al aceite. Hay que entender que el producto es la semilla como transmisor del beneficio en el proceso”.
Las diferencias son importantes, si se tiene en cuenta que “el resultado de los acontecimientos puede sentar un precedente y jurisprudencia”, dijo Campos, en alusión al planteo de los importadores europeos ante la Asociación para el Comercio de Granos y Balanceados (GAFTA, por su sigla en inglés), para que se transfiera a los exportadores argentinos los eventuales costos por el pago de patentes, “costos que finalmente deberán afrontar los productores”, reiteró.
Un NO categórico
Consultado sobre la posibilidad de que Monsanto solicite en breve la aprobación de otro evento transgénico (el maíz BT+RR), Campos fue categórico: “mi decisión política es NO y la opinión de la Conabia o el Senasa no es vinculante, porque si la empresa considera que el secretario de Agricultura, la Secretaría de Agricultura y el Estado argentino no es idóneo, tampoco lo es para aprobar nuevos eventos”.
Clarificado el punto, Campos aseguró que en “2 ó 3 años vamos a tener tecnología nacional para ofrecer”.
Finalmente, el secretario recalcó que las exportaciones no van a ser paralizadas y consideró que “la única manera de reiniciar las negociaciones con la empresa es que retire estas medidas y termine con el doble mensaje”.
La importancia de la resolución de este conflicto radica en que el 23% de las exportaciones agroalimentarias argentinas se destinan a la Unión Europea y, de ese total, el 60% son envíos ligados al complejo oleaginoso.
Argentina, segundo productor mundial de soja transgénica, está a punto de concluir la campaña con 14,4 millones de hectáreas implantadas con la oleaginosa, de las cuales más del 90% es RR.
La cosecha, entonces, rondaría las 38 millones de toneladas y se esperan ventas por u$s 8.625 M, en comparación con los u$s 7.600 M que dejaron los envíos al exterior del complejo sojero en 2004.
Marianela Garbini
mgarbini@infocampo.com.ar
