Todos conocen el intento de Monsanto por parar los barcos con los granos que se exportan a Europa. Es una acción intimidatoria, ya que quienes realicen las tareas de muestreo y análisis no detectarán nada que ya no se conozca, como ser: que la producción tiene como origen la Argentina, que es grano de soja, que existe alta probabilidad de que los granos provengan de cosechas obtenidas de variedades RR (alrededor del 95% de la superficie de soja en nuestro país se siembra con material genéticamente modificado), y también que el contenido en las bodegas de los barcos es grano de soja y no semilla de soja para siembra. Por otra parte, se continúa informando equivocadamente a la sociedad, afirmando que sólo se utiliza el 20-25 % de semilla legal de soja, siendo el otro 80-75 % siembra con semilla de uso ilegal. El 60-70 % de la producción de soja de nuestro país se siembra con semilla legal, ya sea semilla fiscalizada o semilla de uso propio, utilizada por los mismos productores y permitida por la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Ley que por cierto fue sancionada a principios de la década de los ’70 y que estaba en vigencia cuando la empresa en cuestión se radicó en el país, es decir constituye, aun en el presente, el marco legal que regula la producción y comercialización de semilla fiscalizada en nuestro país. No parece que esta sea la política comercial más adecuada y conveniente a implementar por la empresa con el sector agropecuario de nuestro país. Sin dudas, siempre hay que agotar hasta las últimas instancias las negociaciones y, en este aspecto, la Secretaría de Agricultura nunca dejó de lado su papel de mediador o contemporizador en la materia, buscando acercar las posiciones entre los usuarios y los obtentores.
José Luis Russo
Presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase)
