Según información pública, los escasos recursos dispuestos para atender los desastres y catástrofes por la erupción del volcán Puyehue, se usaron en muchos casos para hacer campaña electoral en localidades de Rio Negro y Neuquén. No puede ser que el ciudadano tenga que tocar timbre a cada candidato de la zona, para acceder libremente a lo que le corresponde en un sistema democrático.
Esta misma actitud fue la que primó en el poder legislativo nacional, al favorecer con una ley especial los desastres y catástrofes económicas en las provincias de Rio Negro y Neuquén dejando de lado – por opositora – a la provincia de Chubut. El proyecto que venía del Senado con media sanción, se trató sobre tablas en el recinto de Diputados, sin admitir ninguna modificación para poder aprobarla en forma inmediata.
Si seguimos manejando los intereses públicos por conveniencias partidarias o por urgencias circunstanciales, seguiremos sin concretar políticas de estado para atender las necesidades del conjunto de los ciudadanos del país, entre ellas las políticas anticiclicas necesarias para atender los fenómenos climáticos como el que está soportando nuestra Patagonia.
En los años de las vacas gordas los estados previsores generan los fondos anticíclicos para cubrir situaciones no previsibles. Lo hacen tanto para cubrirse de cambios de las variables económicas de las cuales depende exclusivamente nuestro crecimiento, como para cubrir los eventos climáticos no previsibles. Los dos hechos que estamos viviendo actualmente – cambios económicos mundiales y las consecuencias del volcán Puyehue – sería una muy buena oportunidad para empezar a pensar en políticas anticiclicas para cubrir los riesgos, independientes de las actitudes políticas partidarias del gobierno de turno.
El sector agropecuario también ha sido castigado por la erupción del volcán, cuyas consecuencias finales son muy difíciles de predecir si tomamos en cuenta lo ocurrido con el volcán Hudson en el año 1991. Hoy se están viendo las primeras consecuencias que se irán profundizando en unos meses, que van hacer cambiar los hábitos de trabajo y de vida a quienes viven en la zona como ya está ocurriendo con educación en las escuelas rurales y urbanas.
Nuevamente con este evento ha queda demostrado la ausencia de políticas de Estado integrales para cubrir los riesgos climáticos y sigue siendo una deuda del Estado que tiene con el sector agropecuario y con los otro sectores de la economía.
La idea central de esta iniciativa parte del planeamiento e instrumentación de políticas para que los productores argentinos tengan una cobertura integral por los diferentes riesgos agropecuarios.
Hasta ahora, la argentina política ha manejado su relación con el campo bajo un doble supuesto. (a) Si los riesgos se transforman en siniestros son exclusivamente a cargo de los productores, incluso al costo de su propia quiebra. (b) Si el éxito acompaña la gestión de esos productores el Estado participa de las ganancias, no sólo a través de impuestos, sino mediante retenciones exorbitantes. Para que todos entiendan: “si hay perdidas no te conozco, si hay ganancias somos socios”.
Mis propuestas sobre este tema, no por repetidas, dejan de tener plena vigencia. Una política para proteger a la más importante y eficiente de las industrias argentinas debería sostenerse en tres instrumentos:
1. La Ley de Emergencia agropecuaria;
2. Políticas que incentiven un mayor uso de losseguros;
3. Creación de un Fondo Permanente para atender los sucesos no previsibles.
Lo primero que hay que dejar claro es que la ley de emergencia no es antagónica al seguro agropecuario; ni lo puede reemplazar. Tampoco estos dos instrumentos pueden cubrir las consecuencias por desastres y catástrofes naturales; esto es responsabilidad indelegable del Estado.
La pérdida provocada por las cenizas del volcán Puyehue debería haber sido atendida por un fondo permanente previsto para ese fin generado con recursos del mismo sistema en forma solidaria y acumulada a través de los años. Dicho fondo debe ser administrado en forma independiente y exclusiva para ese fin. El manejo del mismo debe estar administrado en forma complementaria con los otros instrumentos de cobertura de riesgos, para optimizar los recursos públicos y privados para que el sistema sea sostenible en el tiempo.
Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron que es más barato para el Estado la ejecución de un sistema mixto. Dicho sistema público-privado actúa con éxito como responsable de atender en forma directalos efectos de los riesgos climáticos.
Esta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales. Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor implica, finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado y menores reclamos de los productores por factores climáticos si hay políticas de estado para este fin.
Es de esperar que el buen trabajo realizado en el PEA (Plan Estratégico Agroindustrial y Agroalimentario) sobre este tema, se pueda complementar, debatir y concretar en el ámbito del parlamento nacional para convertirla en políticas de estado lo más rápido posible.
