Esta vez, el secretario Miguel Campos decidió manejarse en forma más decidida: analizó con sus asesores la forma más apropiada de evitar el abuso del denominado “uso propio” en la semilla, elaboró un anteproyecto de la norma (una resolución), puso en conocimiento a la Comisión Nacional de Semillas, a los obtentores (principales vulnerados por el abuso) y firmó la resolución, el martes 20, luego del fin de semana largo.
Es que después de dos años o más de indefiniciones, marchas y contramarchas sobre cómo ordenar el mercado de estos insumos, en esta oportunidad el titular de la cartera agrícola no quería caer en eso de circular el proyecto para que todos se expresen y luego sacar algo “por consenso”.
Lógico, porque no es un punto en el que no hay coincidencias, ni siquiera en el seno mismo de alguna entidad ruralista, donde conviven posiciones disímiles.
De forma tal que el funcionario rubricó la Resolución 338 de la Sagpya por la cual un productor no podrá reservar para la siembra en la siguiente campaña, una cantidad de semilla superior a la comprada originalmente. Vale decir que si compró 100 bolsas de soja para plantar 50 hectáreas, del fruto de esa producción no podrá reservar sino otras cien bolsas de simiente. El texto de la norma, por otra parte, permitiría continuar con esta excepción al derecho del obtentor por tiempo indefinido.
Ya al día siguiente, la Sociedad Rural Argentina emitió un comunicado oponiéndose a la resolución de la Sagpya y quejándose de que el organismo “haya dictado en forma unilateral” la norma.
Para Julio Ferrarotti, presidente de la asociación que agrupa a los obtentores (Arpov), el cambio “se trata de un paso en la dirección adecuada”, lo cual habla del comienzo de un entendimiento entre la Sagpya y el sector semillero, muy deteriorado tanto por el tema regalías como por lo del maíz GA21.
