Con el voto unámime de los 165 diputados presentes (hubo aplausos, incluso) en la sesión del pasado martes 26 de diciembre se puso fin a la práctica de los exportadores de anotar ventas para congelar el nivel de retenciones frente a un posible incremento y luego comprar el grano descontando las retenciones más altas.
Esto que ocurrió de 2002 a la fecha ante cada versión de suba de los aranceles, alcanzó su máxima expresión en noviembre de este año, cuando el Gobierno elevó de 27,5 a 35% los derechos de exportación de la oleaginosa. Un tercio de la próxima cosecha ya había sido declarada, bajo el amparo del régimen que establece la ley 21.453.
El legislador demócrata progresista Rafael Martínez Raymonda, impulsor de la modificación de este régimen, calculó que unos 300 millones de dólares iban a quedar en manos de las traders y no del Estado con esta maniobra.
El proyecto fue rescatado por la bancada kirchnerista que rápidamente lo aprobó, tras lo cual pasó al Senado, donde recibió la otra media sanción. Pero las modificaciones que este introdujo obligaron a que volviera a la Cámara de origen.
El proyecto hubiera quedado sin aprobación de no ser por la convocatoria de la Cámara baja para tratar el cambio de la hora, situación aprovechada para introducir el de las retenciones.
Lo novedoso no es que cambie la ley 21.453 de acá en adelante sino que lo haga en forma retroactiva. La idea de los legisladores fue que aquellas declaraciones de exportación que no estén calzadas con compras en el mercado (serían compras forward) tributen la nueva retención.
“Hay que esperar a la reglamentación”, dijeron fuentes de los exportadores consultadas por Infocampo.
Encabezado por su presidente, Raúl Padilla (de Bunge), este sector se había reunido previamente con diputados y senadores para presentarles sus puntos de vista, contrarios a la retroactividad de la medida.
