Agregó que la decisión fue avalada en base a “los principios que gobiernan el organismo” y que “emanan del artículo 120 de la Constitución Nacional”.
“El Ministerio Público está obligado a promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad; esa obligación, de raigambre constitucional, quedaría convertida en letra muerta si se impidiera a la conducción del organismo adoptar medidas tendientes a garantizar su eficacia” ante una situación “excepcional en la que faltan fiscales”, consideró Casanello al desestimar la denuncia del senador radical Mario Cimadevilla, según la resolución a la que accedió Télam.
