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Desmontes: proponen prisión para los que talen sin autorización

Un diputado oficialista presentó el proyecto en el congreso "a fin de proteger los bosques nativos de la Argentina".

El monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza Greenpeace reveló que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre de este año se desmontaron 42.565 hectáreas de bosques, una superficie similar a la de dos veces la ciudad de Buenos Aires. La organización ecologista reclamó que se prohíban y penalicen los desmontes e incendios.
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Por Infocampo

El diputado nacional del Frente de Todos, Lucas Godoy presentó un proyecto de ley que propone la inclusión en el Código Penal del “delito de desmonte”, con fuertes penas de prisión para quienes realicen talas sin autorización.

Según especificó el legislador oficialista, la iniciativa fue presentada con el objetivo de “proteger los bosques nativos de la Argentina, que representan casi el 20 por ciento de la superficie continental del país”.

“La Argentina es uno de los países que más bosque nativo ha perdido desde la década del 90 a la actualidad. En los diez años comprendidos entre 2008 y 2018, han desaparecido casi 3 millones de hectáreas de bosques, de los cuales más del 20 por ciento es en la provincia de Salta”, aseguró el funcionario.

Asimismo, Godoy también señaló que “en 2016, con la eliminación de las retenciones decidida por el gobierno de –Mauricio- Macri, se desató una especie de fiebre de los grandes productores de soja por tratar de conseguir tierras cultivables mediante los desmontes”.

godoy cruz

Y agregó: “Si bien muchos tienen autorización por cumplir con los presupuestos que fija la ley, otros son hechos de manera clandestina, porque se arriesgan a no ser descubiertos y en caso de que los controles logren detectarlos, las multas monetarias suelen ser muy inferiores a las ganancias que estiman obtener con los cultivos, por lo que no alcanzan para ser disuasivas, ya que prefieren pagar la multa y hacerse de nuevas tierras”.

El proyecto excluye de las penas a los agricultores familiares y miembros de pueblos originarios “que realicen actividades para su subsistencia sin afectar la conservación, manejo sostenible y el desarrollo sustentable de los bosques nativos”.

Por otra parte, la normativa apunta a los funcionarios públicos que hayan autorizado un desmonte de manera irregular, a los que también le aplica pena de prisión y le impone períodos de inhabilitación en la función pública.

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