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Desmontes: un estudio de la FAUBA analiza los vínculos políticos y económicos con la tala ilegal

Expertos aseguran que estos puntos influyen en la medida y la forma en la práctica de la deforestación, principalmente en Santiago del Estero, Salta y Chaco.

27.10.2020
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Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA () sobre el desmonte ilegal encontró que el capital económico y los vínculos políticos influyen en la medida y la forma en que se produce la tala ilícita.

En este sentido, un artículo firmado por Sebastián M. Tamashiro para Sobre La Tierra revela que hay un vínculo entre las características de quienes deforestan y la magnitud de la deforestación.

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Luego de la sanción de la en 2007 se redujeron los a nivel nacional, pero en ciertas se siguen perdiendo ecosistemas boscosos a gran velocidad. Santiago del Estero, Salta y Chaco, son ejemplos donde entre 2009 y 2016 se deforestaron de manera ilegal 750.000 hectáreas, equivalentes a 36 veces la superficie de CABA.

“La Ley de Bosques se sancionó en el año 2007 para reducir los desmontes en la Argentina. Si bien se logró en términos generales, se siguen perdiendo bosques a un ritmo muy preocupante. La normativa autoriza la deforestación en determinadas zonas y la prohíbe en otras. En este marco, los desmontes ilegales representan una gran proporción de la deforestación total en ciertas regiones del país, como en el Chaco Seco Argentino”, destacó Daniel Blum a partir de su tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA, dirigida por Matías Mastrangelo, investigador del Conicet, y bajo la tutoría de Sebastián Aguiar, docente de las cátedras de Ecología y Dasonomía de la Facultad.

Blum estudió 89 casos de deforestación ilegal que implicaron la pérdida de casi 150.000 hectáreas de bosque nativo.

Casos de ilegalidad. Fuente: SLT-FAUBA

Para su investigación, utilizó información de boletines oficiales de las provincias involucradas, documentos de las direcciones de bosques provinciales y de la Auditoría General de la Nación, denuncias e informes de ONG, noticias periodísticas que reportaron desmontes ilegales y entrevistas a informantes clave.

Entre los principales resultados de la investigación, se encontró una relación estrecha entre las deforestaciones y la posición social, económica y política de los propietarios de las fincas afectadas, a lo que se denominó “poder”.

“Definimos este concepto a partir de tres variables: el capital económico, el vínculo con funcionarios públicos y el origen geográfico del agente. Aquellos con niveles intermedios o altos de poder tenderán a desmontar áreas boscosas más grandes. El poder de quien desmonta ilegalmente tiene más influencia en cómo y cuánto se deforesta que las condiciones agroclimáticas de la zona”, resaltó Blum.

“Muchos trabajos científicos sobre las fronteras agropecuarias del mundo asumen que el productor avanza sobre bosques que tienen las mejores condiciones agronómicas para maximizar los rindes”, afirmó Mastrangelo, quien también es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y agregó: “Sin embargo, la realidad es más compleja. Por ejemplo, en el Gran Chaco se deforestan superficies con suelos pobres y pocas lluvias para especular en el mercado inmobiliario. Los actores más poderosos compran tierras, las deforestan y esperan a que aumente su valor para venderla. Una hectárea desmontada vale más del doble que una con bosque”.

Desde hace décadas, los bosques del Chaco Seco se encuentran bajo una gran presión debido al avance de la actividad agropecuaria. Según informa el estudio, en las provincias de Salta, Chaco y Santiago del Estero, alrededor del 50% de los desmontes entre 2009 y 2016 fueron ilegales.

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