Los máximos representantes del gobierno nacional decidieron que llegó el momento de dar señales favorables a los productores agropecuarios para intentar desactivar las protestas y movilizaciones que se vienen gestando en las últimas dos semanas.
La decisión no es casual. El gobierno nacional tiene entre manos dos desafíos enormes: recomponer el acceso al crédito internacional (el último experimento venezolano en ese sentido resultó ser desastroso) y resolver el conflicto abierto que mantiene con las grandes compañías exportadoras de commodities agrícolas (por medio de las cuales se canaliza tanto la principal fuente de ingresos de divisas como la recaudación en concepto de derechos de exportación agrícolas).
El timing de los anuncios no podría ser más oportuno. Con la excepción de buena parte de la Mesopotamia y del centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, el resto de las regiones agropecuarias argentinas (tanto pampeanas como extra pampeanas) está atravesando severas restricciones hídricas que ‘combinadas con costos producción crecientes y precios intervenidos’ podrían generar en el ciclo 2008/09 un derrumbe productivo sin precedentes en granos, carne y leche.
Por tales motivos, el primer paso del gobierno fue declarar la emergencia agropecuaria por sequía en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Chaco. Además, la Secretaría de Agricultura (Sagpya) se comprometió a girar tres partidas de 6,0 millones de pesos (M/$) a las tres primeras provincias, mientras que La Pampa recibirá 5,0 M/$ y Chaco 3,0 M/$.
Los anuncios fueron realizados anoche luego de un encuentro que mantuvo en la Casa de Gobierno la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con los gobernadores Daniel Scioli (Buenos Aires), Hermes Binner (Santa Fe), Juan Schiaretti (Córdoba), Oscar Jorge (La Pampa) y Jorge Capitanich (Chaco).
El destino de los fondos girados a las provincias ‘tendrá que ver con beneficios impositivos para los productores afectados’ por la sequía, explicó ayer en una conferencia de prensa el jefe de Gabinete Sergio Massa, quien también participó de la reunión junto con sus pares de Economía Carlos Fernández y de Interior Florencio Randazzo (además estuvieron presentes el secretario de Agricultura Carlos Cheppi y el titular de la Oncca Ricardo Echegaray).
En tanto, el titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria, Ricardo Echegaray, anunció ayer en una jornada organizada por la Cámara de Exportadores (Cera) que el gobierno liberará para exportación un volumen de 1,43 millones de toneladas de trigo 2007/08.
A partir del anuncio de Echegaray, los valores ofertados por el trigo disponible en la zona de influencia de Rosario pasaron ayer jueves a un rango de 550 a 590 $/tonelada luego de languidecer el miércoles entre 530 y 570 $/tonelada. Pero siguen aún sin acercarse al FAS teórico oficial (Sagpya) de 614 $/tonelada.
De todas maneras, el principal problema que enfrenta el trigo es la completa desaparición del mercado forward en un contexto en el cual los rindes del cultivo 2008/09 serán regulares a malos en muchas zonas cerealeras.
Por otra parte, antes de reunirse con los gobernadores, la presidenta recibió en la Casa de Gobierno al presidente de Profertil, Antonio Allegretta, para cerrar un acuerdo por medio del cual, según se anunció, la empresa se compromete a comercializar urea granulada a 450 u$s/tonelada + IVA a retirar de los puertos de Bahía Blanca, San Nicolás o Necochea.
Además, según indicó un comunicado de Presidencia de la Nación, ‘la empresa (Profertil) ampliará su distribución directa en las zonas de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, y en las provincias del Chaco y Entre Ríos. La entrega será a granel en condiciones normales y habituales de mercado’.
Sin embargo, donde quedó un sabor amargo fue en la reunión que Cheppi mantuvo con los integrantes de la Mesa Láctea Nacional, ya que en el encuentro los dirigentes lecheros Guillermo Giannassi (Federación Agraria) Carlos Peregrina (SRA) y Jorge Cheme (CRA) le solicitaron al titular de la Sagpya que se elimine la intervención oficial para que los precios de la leche puedan acercarse a valores que eviten la progresiva destrucción de oferta que se evidencia en el sector.
Pero la respuesta que obtuvieron de Cheppi fue que el gobierno continuará regulando el mercado lechero, aunque el funcionario reconoció que por las restricciones a la exportación muchas Pymes lácteas están atravesando un difícil situación económica (tal como describió ayer Infocampo).
En Uruguay los valores pagados a los tamberos en la liquidación de julio pasado oscilaron entre 7,80 y 8,50 pesos uruguayos por litro de leche, un valor equivalente al tipo de cambio actual a 1,21-1,32 pesos argentinos por litro.
