El Gobierno reconoce que al menos 25.000 personas trabajan en Brasil bajo coacción y sin paga, aunque según otras fuentes la cifra oscila entre 50.000 y 200.000. El presidente Lula da Silva fue el primero en admitir ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2004, la existencia de ese problema, y se comprometió a eliminar la esclavitud para el 2006.
Pero la complicidad de empresarios y funcionarios públicos dificulta el terreno. En febrero, fiscales del Ministerio de Trabajo rescataron a 32 trabajadores en una hacienda ganadera del estado de Pará, y descubrieron que su dueño era el senador Joao Ribeiro, un activo defensor de los derechos de los trabajadores en el Congreso Nacional.
Ribeiro dijo ser víctima de una “persecución política”, al igual que los otro cuatro parlamentarios que en los últimos meses fueron denunciados por causas similares. Penas de cárcel que nunca son aplicadas y multas escuetas constituyen el castigo que la ley brasileña contempla contra los esclavistas. “De las 117 haciendas denunciadas en Pará el año pasado, 27 eran reincidentes”, explicó a la BBC el fraile Henri des Roziers, de la Comisión Pastoral de Tierras. “Hay latifundistas que reincidieron 10 veces en 15 años”, agregó.
El año pasado, cuatro inspectores que investigaban un caso fueron asesinados en Minas Gerais, y el tema saltó a los primeros lugares de la agenda nacional.
Tras ello, el Gobierno y varios empresarios crearon el Pacto Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo, que ya fue firmado por 60 compañías, entre ellas Pan de Azúcar, que según la OIT y la ONG Reporter Brasil, vendía carnes de haciendas esclavistas.
