Desde siempre y de manera mentirosa, los kirchneristas atribuyeron el default y el desastre fiscal en el cual terminó la convertibilidad a la privatización del sistema previsional de los 90, a pesar que sólo u$s 30.000 millones de los u$s 100.000 millones que creció la deuda pública, se explican por la creación de las desaparecidas AFJP. Claro, había que preparar el terreno ideológico para una nueva ola estatizadora. Los medios poco importaban.
El mismo Estado que en 2002 había estafado a sus prestamistas (los que compraron bonos públicos), a los inversores estratégicos en las privatizadas (con la pesificación de las tarifas de los servicios públicos), a los depositantes (con la pesificación de los depósitos) y a toda la ciudadanía en general con la feroz devaluación de principios de 2002, pretendía erigirse en el defensor de los derechos de los jubilados. Absurdo pero real.
A fines de 2008 el gobierno anunció el envío de un proyecto al Congreso para que el sistema previsional volviera a ser de reparto. Los diputados y senadores, también de manera irresponsable (no hubo ninguna discusión de números sobre los costos fiscales de la medida) lo transformaron en ley a la velocidad del rayo. El giro era de 180 grados. Luego de haber pagado en los 90 los costos fiscales (u$s 30.000 millones de deuda pública) de haber explicitado una deuda implícita, el Estado volvía a contraer una deuda implícita (20% del PBI) con los jubilados que ahora pasaban otra vez a su órbita, perdiendo en el camino, el derecho sobre sus activos acumulados.
Además de la ideología estatista cavernícola (al no reparar en los costos fiscales de mediano plazo, cambios en las reglas de juego, espíritu confiscatorio de la medida, etc.), primaba la necesidad de caja porque a pesar que en 2008 la recaudación de impuestos era $250.000 millones superior a la de 2002, el Estado, por el espectacular aumento del gasto público, había perdido el superávit fiscal de casi 4% del PBI que había llegado a tener en 2004 (no en vano el gobierno se puso a la sociedad en contra con las retenciones móviles del “genio” de Martín Lousteau) y ya despuntaba el déficit otra vez.
Con la reestatización del sistema previsional, el Estado en el corto plazo se hizo de u$s 4.000 millones anuales de aportes previsionales para malgastar y de un ahorro en el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública de u$s 1.000 millones anuales (para malgastar más todavía) fruto del rescate de casi u$s 20.000 millones de deuda pública (los kirchneristas muy audaces lo llaman a esto último “desendeudamiento”).
Pero como toda medida típicamente K, la eliminación de las AFJP y su reemplazo por el sistema de reparto, además del ideológico y de caja, también tiene su lado de “negocios”.
La ley de privatización del sistema previsional de los ´90 fijaba en un máximo de 5% el derecho a voto a favor de cada AFJP en las empresas en las cuales invertían, con el objetivo de que no se entorpeciera su normal funcionamiento. Ahora, dado que según el DNU 441 del martes pasado “no resulta compatible con una armoniosa integración normativa” (sic) se reemplaza el límite del 5% por el de la sumatoria de las tenencias de las ex AFJP, hoy en manos del Anses.
O sea, no hay límite de la participación estatal en las empresas privadas en las cuales el Anses tenga inversiones heredadas de la confiscación de los ahorros que el gobierno hizo de los que ahorraron en capitalización desde 1994 hasta 2008, 14 años.
Detengámonos un poco en la perversión de la situación. El estado gastomaníaco quebró al sistema de reparto hasta que se privatizó en los 90. Fruto de los déficits fiscales del tándem Menem y Cavallo, también estalla la convertibilidad, da rienda suelta a una estatización de la economía que hasta ahora no se detiene y que incluye al sistema previsional. Así, los ahorros de la gente en las AFJP a lo largo de 14 años se los queda el Estado. Por ende, éste se queda con porcentajes significativos del paquete accionario de empresas privadas o privatizadas. O sea, el Gran Estafador ahora Empresario. De no creer.
En el muy corto plazo, todo es consecuencia de haber eliminado previamente y de un plumazo en 2008 (con aval del Congreso) la institucionalidad que existía y que no le había provocado daño alguno al “modelo productivo”. Quedarse con los ahorros de la pobre gente que fue obligada en los 90 a ahorrar en una AFJP no es popular. Es el sádico placer populista de estafar y confiscar la propiedad privada. La planificación estatal por sobre la iniciativa privada.
¿No les atrasará el reloj ideológico a los K? ¿Acaso gente que realmente empuño las armas en los 70, mientras los Kirchner eran “brokers inmobiliarios” en Santa Cruz, como la Presidente de Brasil Dilma Rousseff y José Mujica Presidente de Uruguay, hacen algo parecido al adefesio K de confiscaciones, estafas y aprietes?
Tal como lo dijo el miércoles el titular del Anses, Diego Bossio, en un caso escatológico de honestidad brutal, la eliminación del tope del 5% para la intromisión estatal en la vida de las empresas privadas donde el Anses tiene inversiones heredadas de la confiscación a los que ahorraron en las AFJP, es para asegurarse de: 1) un mayor control sobre las empresas (negocios K); 2) que los dividendos realmente vayan al Anses (financiamiento del déficit fiscal) y 3) que las empresas inviertan donde el gobierno quiera (planificación socialista).
¿Dónde querrá meterse ahora el ex Presidente de la UIA, Juan Lascurain luego de haber aplaudido de pie a fines de 2008 la estafa a los que habían ahorrado durante más de una década en las AFJP? ¿Y la UIA que no sabe de qué disfrazarse para apoyar cada medida del gobierno y ahora llora esa nueva intromisión del Estado?
* Economista
