“A más de tres años de la promulgación de la Ley Nacional 26.737 que creó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y ante el incumplimiento en los tiempos de ejecución de la misma, la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) solicita nuevamente a los funcionarios responsables en el orden Nacional y Provincial, absoluta premura en el total cumplimiento de la Ley y su Decreto Reglamentario”, expresó CAIR en un comunicado.
De esta forma, indicó que “aún existen ocho provincias, (Córdoba, Santa Cruz, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy, Salta, Catamarca, y San Juan) que no han cumplimentado la presentación de sus Equivalencias ante el Consejo Interministerial. Mientras estas Provincias siguen incumpliendo los tiempos que marca la Ley, la Nación pierde la posibilidad de recibir inversiones productivas al sector agropecuario, perjudicando gravemente la realización de operaciones inmobiliarias rurales con extranjeros. No debemos olvidar, que según la mencionada Ley vigente, todavía hay disponibles para la venta a inversores extranjeros, más de 24 millones de hectáreas en todo el país”.
“Para dar un ejemplo, la provincia de Córdoba, dispone de una superficie rural de 16 millones de hectáreas, de las cuales sólo el 1,04 % está en mano de extranjeros, esto da como resultado que bastante más de 2,2 millones de hectáreas, podrían aún ser comercializadas con inversores extranjeros, beneficiando directamente a su economía provincial y consecuentemente a la nacional”, sostuvo la carta enviada por el Consejo Directivo, cuyo presidente es Cristián Beláustegui.
Y deslizó “a título de ejemplo, otras provincias como Buenos Aires y Chubut, que ya regularon sus equivalencias pueden recibir compradores por hasta 3,3 millones y 2,4 millones de hectáreas respectivamente”.
“Es incalculable la pérdida que implica que las autoridades de cada gobierno provincial, no cumplan con la Ley o lo hagan a destiempo, impidiendo concluir en carácter de urgente con el establecimiento de las equivalencias, para poder destrabar todas aquellas operaciones inmobiliarias rurales que no pueden concretarse por la burocracia y la lentitud estatal”, finalizó.
