Es insólito que un país triguero como el nuestro no concilie con la creciente necesidad de alimentos, local y mundial. También los datos nos confunden: fuentes privadas estiman alrededor de 4 millones de toneladas sin vender y el Gobierno habla solo de 1 millón no declaradas.
Lo cierto es que el precio cae a medida que el tiempo pasa, en tanto que se continúa sembrando trigo, no por las expectativas de precios, sino por la rotación y el cuidado de la tierra. Sin embargo, esta tendencia se irá revirtiendo en la medida que se pierda rentabilidad.
Pero ese trigo mejorado, de buena calidad, que provee la Argentina sigue guardado y los acopios locales y cooperativas serán los más afectados. El productor lo ha entregado con una determinada calidad y, al no tener posibilidades de vender en tiempo y forma, esa calidad se va perdiendo. El resultado es la caída del precio y la incertidumbre de no saber qué hacer con el trigo.
La responsabilidad de ésta situación es de las políticas trigueras que viene implementando el Gobierno Nacional caracterizadas por el incumplimiento y distorsiones en la propia cadena.
Esto es un ejemplo de las diferencias existentes entre lo que se predica y lo que efectivamente sucede. El camino hacia la sojización parece ser la única política de granos más viable para los productores, las exportadoras y el Estado. De esta manera podemos concluir que, en lugar de promover la producción de alimentos, el Gobierno prefiere acompañar todo que genera rápida recaudación, más allá del perjuicio que provoque en materia productiva, ambiental y social.
* Diputada Nacional (Coalición Cívica/Santa Fe)
