A mediados de febrero, en medio de la sequía y la crisis agrícola, el Gobierno comenzó a estudiar la implementación de un seguro obligatorio para el sector, tal cual fue anunciado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yauhar.
A aplicarse 90 días después del anuncio, aún no existe un proyecto oficial para instrumentar la herramienta con la que el Gobierno pretende sustituir los fondos de emergencia agropecuaria.
Si bien el tema de los seguros “es proridad”, según declaró el Diputado Nacional por Formosa, Luis Basterra, quien preside la Comisión de Agricultura, el úico proyecto presentado hasta la fecha para su tratamiento lleva firma de los opositores, el cual será presentado en las próximas semanas, según informa El Cronista.
Para Fabiana Castiñeira, CEO de Allianz Argentina, la propuesta de un seguro general “es una iniciativa interesante”, pero el problema es que aún no se conoce el contenido”.
“Necesitamos saber qué tipo de seguro sería, si cubriría rindes o costos, que tipos de desastres naturales estarían cubriéndose, cómo se cobraría y quien cómo controlaría el sistema”, explicó la empresaria.
El proyecto opositor es impulsado por el diputado radical Ricardo Buryaile. El mismo propone un seguro voluntario, que coexiste con la Ley de Emergencia Agropecuaria y en el que hay incentivos fiscales para tomar la cobertura. También, contempla una prima común a todo el país, y que el Estado se haga cargo de la prima en zonas de mayores riesgos climáticos. “Lo que se busca es, ante una emergencia, proteger la cadena de pagos”, indicó Buryaile.
En la Argentina, menos del 6% de las hectáreas cultivadas tiene una cobertura multirriesgo, que asegura al productor contra la falta de lluvias. Por la falta de agua, esta campaña la cosecha de soja tendrá una caída mayor al 18% respecto de la producción del año pasado.
