El proyecto presenta una serie de mecanismos que permitan a las microrregiones poder satisfacer las demandas de las poblaciones de los municipios que las conformen, estableciendo planes y estrategias conjuntas. Además impulsa la creación y el fortalecimiento, a través de una serie de recursos y herramientas específicos, de Microrregiones de Gestión Asociada en todo el territorio nacional y capacitar a los distintos actores públicos, de la sociedad civil y de la producción sobre las características del trabajo bajo la modalidad de gestión asociada.
El proyecto prevé que pueden formar parte del Programa las microrregiones ya conformadas o aquellas que deseen hacerlo en un futuro. En ambos casos se requerirán una serie de documentos y/o actividades según sea su nivel de organización y avance en el proceso de regionalización. Para ello se procederá a la realización de un Estudio Diagnóstico participativo junto con la elaboración de un Plan Estratégico Microrregional participativo.
El texto de la norma sugiere que el organismo encargado de la dirección del Programa sea la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, cuya función sería la coordinación y seguimiento de las diversas prestaciones y beneficios establecidos en la presente Ley. Cada Microrregión estará dirigida por una Comisión Coordinadora que trabajará ad honorem, formada por representantes de cada uno de los sectores integrantes de la misma.
El Programa establece los tipos de apoyo con los que podrán contar las microrregiones, como así también determina los requisitos necesarios para la creación e integración de cada una de ellas.
Cada Microrregión estará compuesta por “gobiernos locales, pertenecientes a una o varias provincias, así como por organizaciones y actores locales relevantes, es decir, por organizaciones sociales, pueblos originarios, sectores de la economía y la producción local y delegaciones del gobierno provincial y nacional”.
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