Hoy, la exportación de lana tiene un derecho de exportación de entre el 5 y 10 por ciento; y la carne ovina, del 5 por ciento.
Los ruralistas de la SRA también exigieron que “el productor cuente con reservas alimenticias para poder frente a la situación de sequía y extrema como resultado de la erupción del volcán” y que “se promuevan programas de suplementación estratégicas y se fomente la implementación de pasturas”.
La Mesa pidió un “verdadero compromiso” del Gobierno nacional para implementar una política de Estado que combinen medidas de corto y largo plazo para enfrentar esta difícil situación de pequeños y medianos productores.
En su declaración pública, los dirigentes explicaron que, sumado a las cenizas, los productores pasan por un mal momento debido a “los vaivenes de los precios de la lana y el continuo aumento de costo”.
La ayuda gubernamental, consideró la Mesa, se hace indispensable porque “en la Patagonia no hay posibilidades de reconvertir estos establecimientos y volcarse a producciones alternativas, y donde el valor de la mano de obra es un 20% superior a otras zonas productoras del país, cuyo costo representa más del 50% de los costos de producción”.
