La ley 12.326 autoriza a los municipios de la provincia de Buenos Aires a otorgar permisos de uso de las franjas adyacentes a las rutas o caminos que integran la red vial provincial. De lo que se recauda por esta utilización, un 60% es para el Consejo Escolar del partido (infraestructura, material didáctico y equipamiento), un 20% para las entidades de bien público y otro tanto para el mantenimiento de la red vial municipal.
Según datos (que, por cierto, no abundan) del departamento de Vialidad provincial, la red vial primaria (o caminos más importantes) de Buenos Aires cuenta con 12.000 km (unas 24.000 hectáreas si se consideran 10 m de banquina a cada lado). En el caso hipotético de que se sembrara soja en las banquinas se obtendrían casi u$s 12 M, mientras que en el caso del trigo la suma obtenida sería de alrededor de u$s 7 M.
Los cálculos fueron hechos considerando un rinde promedio para la soja de 3 t/ha a un precio de 163,5 dólares. En el caso del trigo, se tomó un rinde promedio de 2,5 t/ha vendiendo el cereal a 112,3 dólares.
Hace unos días, el diputado Luis Bruni (UCR) presentó una ley propuesta por las asociaciones de bomberos voluntarios de diferentes distritos en la que se propone un cambio en la distribución y asignación de estas ganancias para así financiar su actividad.
“La propuesta es que vaya 50% para consejos escolares, y en vez de 20% para entidades de bien público priorizar con 30% a los bomberos y mantener el 20% para la red vial”, explicó el legislador radical.
“Esto suple la ausencia de un mecanismo de financiamiento de los bomberos, además, en el interior tienen comprobado estadísticamente que el mayor número de intervenciones es para salvar incendios en campos y banquinas”, aseguró Bruni.
Prioridades
Los permisos de uso son de caracácter precario y a título oneroso, por un término máximo de tres años renovables por un período igual, y el destino de los mismos es la siembra de cereales, oleaginosas, forrajes, granos varios, pasturas y toda otra expolotación aconsejable de acuerdo con la ubicación y características del lugar.
Los propietarios o arrendatarios frentistas, las entidades de bien público y dentro de éstas las cooperadoras de las escuelas rurales o agrarias tendrán prioridad en los llamados a concurso o licitación que efectúe cada municipio.
Juan I. Martínez Dodda
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