La decisión del Gobierno nacional de dar de baja el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y eliminar las contribuciones obligatorias que sostenían a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), despertó como era de esperar una fuerte polémica, sobre todo en territorio cuyano, la cuna de la cadena del vino en Argentina.
Sucede que, tras evaluar durante varias horas la resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que impuso estos cambios, Coviar salió al cruce de esta con fuertes críticas hacia la Casa Rosada.
Pero en paralelo, el acontecimiento volvió a dejar al desnudo una interna histórica dentro del seno mismo de la industria vitivinícola: Bodegas de Argentina (BDA), que formó parte de la Corporación hasta que decidió abandonarla (N. de R: en la web de Coviar todavía figura como parte) y nuclea a las empresas más grandes del sector en el país, manifestó un ferviente apoyo a la medida oficial.
Así, este martes se inició definitivamente una novela que promete numerosos capítulos más.
EL RECLAMO DE COVIAR
“Improcedente, inconsulta e inoportuna”, fueron los adjetivos calificativos que utilizó Coviar para expresar su rechazo a la resolución que fue defendida con rudeza por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Sacudón desregulador en el vino: la Coviar pende de un hilo tras otra “motosierra” del Gobierno
Según la Corporación, las cámaras empresarias que la integran “alertan sobre el impacto negativo que esto traerá a la vitivinicultura argentina, en el actual contexto de crisis económica”.
Bajo este panorama, la entidad dijo que llamará con urgencia a una reunión de Directorio para definir los pasos a seguir, “con el objetivo de defender la institucionalidad del sector y la vigencia de una planificación estratégica que se viene sosteniendo desde hace más de dos décadas”.
Desde su punto de vista, la resolución de la Secretaría de Agricultura introduce modificaciones en el esquema de funcionamiento y financiamiento, en la que plantea una redefinición de instrumentos centrales en la operatoria de la Corporación, particularmente en lo referido a su financiamiento y alcance operativo, “aspectos que no son accesorios sino estructurales dentro del régimen vigente”, aseguró.
En esta línea, Coviar lamentó “profundamente” la decisión, porque –continuó– “se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad que deben regir la relación entre el Estado y los sectores productivos, entendiendo que la misma excede las competencias y atribuciones de la autoridad administrativa, al introducir modificaciones sustanciales sobre un régimen establecido por ley”.
Por todo esto, “manifestamos nuestro rechazo a la medida adoptada por la Secretaría de Agricultura y solicitamos de manera urgente que se revea la resolución adoptada dejándola sin efecto, a fin de encauzar cualquier proceso de revisión o adecuación dentro del marco legal e institucional, garantizando el diálogo, la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para el desarrollo de la vitivinicultura argentina”, completó.
BODEGAS DE ARGENTINA, CONTRA COVIAR
Horas antes, apenas conocida la resolución del Gobierno, Bodegas de Argentina había salido inmediatamente a respaldar y celebrar el cese de las contribuciones obligatorias a Coviar.
“La cámara empresarial que nuclea a las principales bodegas de todo el país, expresa su firme apoyo a esta medida que representa un paso histórico hacia la modernización y competitividad de la industria vitivinícola”, afirmó, sin medias tintas, BDA.
Para esta asociación, la normativa ratifica que el ciclo de la Coviar, diseñado originalmente con un horizonte temporal hasta el año 2020, ha cumplido su plazo legal.
Además, destacó cuáles considera los puntos fundamentales de la resolución:
- Finalización inmediata de aportes: de acuerdo con el Artículo 6°, se establece el fin de todas las contribuciones obligatorias previstas en la Ley 25.849. Esto implica un alivio financiero directo y urgente para todas las bodegas del país, eliminando una carga que ya no encontraba sustento en metas estratégicas vigentes.
- Cese de recaudación por parte del INV: el Artículo 7° instruye al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a dejar de recaudar dichas contribuciones a partir de este mismo martes, lo cual garantiza que los recursos de la industria permanezcan en los establecimientos para fomentar la inversión y la competitividad.
- Transparencia y rendición de cuentas: Bodegas de Argentina valora el requerimiento del Gobierno (Artículo 4°) para que la Coviar presente, en un plazo de tres meses, un informe detallado de cierre con rendición de cuentas completa sobre el uso de los recursos y el cumplimiento de objetivos. “La transparencia en el manejo de fondos públicos y privados es un pilar irrenunciable para nuestra cámara”, subrayó BDA.
- Destino de recursos remanentes: la resolución dispone que los fondos no utilizados se incorporen al patrimonio del INV, asegurando que los recursos del sector vuelvan a una institución técnica y de control de larga trayectoria en el país.
Por todos estos motivos, Bodegas de Argentina remarcó que la resolución “marca el inicio de una etapa de mayor libertad y responsabilidad sectorial”, y aclaró que “el fin de la intermediación coactiva de la Coviar no significa el fin de la planificación estratégica, sino el comienzo de una gestión más eficiente, liderada por el sector privado y en coordinación directa con los organismos técnicos competentes”.
“En mi opinión, primeramente, sería reconocer las decisiones del Gobierno orientadas a simplificar la industria, reducir burocracia y mejorar competitividad. Además, es muy positivo dejar sin efecto los esquemas basados en aportes obligatorios que históricamente bodegas de Argentina estuvo en contra y por los que abandonó Coviar, además de exigir reglas claras y transparencia en la gobernaza de la institución”, disparó Patricia Ortiz, recientemente elegida presidenta de la institución.
En la misma línea destacó la oportunidad de “reafirmar una posición sobre la libertad empresarial de Bodegas de Argentina sin inducir decisiones individuales de las bodegas”, en un aspecto en el que “sería importante también avanzar en la derogación del acuerdo Mendoza-San Juan”, amplió.
Para BDA, de este modo, la Resolución 55/2026 pone orden a una situación administrativa que se encontraba vencida de hecho. “Es un acto de justicia para los productores que durante años sostuvieron una estructura que perdió su foco. Ahora, el desafío es potenciar exportaciones y el mercado interno sin el peso de tasas obligatorias que restaban competitividad”, agregaron desde el Directorio de Bodegas de Argentina.
Y concluyeron: “Bodegas de Argentina reafirma su compromiso de trabajar junto a todas las cámaras del país y las autoridades nacionales para consolidar a la Argentina como un referente mundial en calidad y sostenibilidad vitivinícola, bajo esquemas de colaboración voluntarios y eficientes”.
TAMBIÉN LOS VIÑATEROS
Luego, el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este fue otra de las entidades que salió a expresar su “satisfacción” por el fin del PEVI y de las contribuciones obligatorias a la Coviar.
“Esta medida no es un hecho aislado, sino la conclusión lógica de un proceso de degradación institucional que nuestra entidad denunció hace más de una década”, indicaron desde esta entidad.
En el repaso histórico, mencionaron que en 2014 decidieron retirarse del directorio de la Coviar, al advertir que el organismo “había extraviado su rumbo y se había convertido en una carga insostenible para el bolsillo del productor”.
Sobre este punto, subrayaron que el el PEVI nació a principios de los años 2000 como “una iniciativa loable y consensuada entre todos los sectores de la industria”, lo que se cristalizó en la Ley 25.849 en 2004, que buscaba “una vitivinicultura integrada y competitiva”.
“Sin embargo, con el paso de los años, la naturaleza de la Coviar fue desvirtuada. La corporación, cuya misión exclusiva debía ser la administración y ejecución del plan estratégico, mutó por responsabilidad de sus dirigentes en una entidad gremial empresaria paralela. Esta actitud no solo generó confusión, sino que fue utilizada para acallar las voces de las auténticas entidades de base que debían tomar postura sobre la realidad económica del sector”, enfatizaron.
En este marco, consideraron “revelador” que, ante la inminencia de este cierre, algunos defensores de la Coviar argumenten que la entidad les otorgaba “visibilidad”.
“Debemos ser categóricos: la visibilidad política de unos pocos dirigentes no es, ni fue nunca, un objetivo del PEVI. Un plan estratégico se mide por resultados tangibles: hectáreas en producción, rentabilidad del viñatero e industrial, volumen de exportaciones y consumo interno. En todos esos indicadores, la gestión de la Coviar bajo el PEVI ha dejado un saldo de fracasos que la industria ya no podía seguir financiando”, remarcaron.
Y añadieron: “El argumento de que el PEVI no se hizo para vender más sino para agregar valor es casi ofensivo”.
Por todo esto, coincidieron en que la eliminación de la contribución obligatoria representa un acto de justicia económica.
“Durante años, se obligó a cientos de productores/elaboradores e industriales —especialmente a los de nuestra zona Este— a transferir recursos genuinos para sostener una estructura burocrática alejada de la realidad de la finca y la bodega. Desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, reivindicamos nuestra trayectoria de coherencia y lucha. Siempre sostuvimos que la representatividad se gana defendiendo los intereses de quienes trabajan en esta noble industria. Hoy celebramos el fin de un modelo agotado. Queda por delante el desafío de reconstruir una vitivinicultura basada en los mercados, la sostenibilidad, la eficiencia y el respeto por las auténticas Entidades gremiales empresarias”, cerraron.
