La paralización del servicio de practicaje y pilotaje en los principales puertos argentinos comenzó a generar una fuerte preocupación en toda la cadena exportadora.
Según la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), el conflicto lleva paralizados a unos 45 barcos, generando un costo extra para la agroindustria de hasta 100 mil dólares por día por cada barco varado.
En ese marco, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) se sumó a los reclamos para que se logre una rápida solución a este problema, subrayando que la medida de fuerza frena el comercio exterior, afectar el ingreso de divisas y compromete la competitividad del país.
EL CONFLICTO EN LOS PUERTOS
Cabe recordar que el conflicto se originó tras la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno nacional avanzó en la desregulación y modernización del servicio de practicaje y baquía.
La normativa fue rechazada por los profesionales del sector, que consideran que los cambios perjudican sus condiciones de trabajo y, como respuesta, resolvieron interrumpir la prestación del servicio.
Desde la entidad que representa a los principales puertos privados del país remarcaron que la situación excede un conflicto sectorial y tiene consecuencias directas sobre la economía argentina.
“La interrupción de la maniobra de buques no es una disputa sectorial aislada; representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional”, sostuvo la CPPC.
Según explicó la Cámara, los puertos privados concentran la mayor parte del comercio exterior argentino y funcionan como el principal vínculo entre la producción nacional y los mercados internacionales.
Por eso, la falta del servicio de practicaje comenzó a generar demoras en el movimiento de buques y una creciente acumulación de embarcaciones fondeadas.
La entidad advirtió que este escenario interrumpe tanto las exportaciones como las importaciones, afectando el ingreso de divisas en un momento clave para la economía. Al mismo tiempo, alertó sobre un efecto dominó que alcanza a toda la logística, desde el transporte terrestre hasta el abastecimiento de insumos industriales y energéticos.
En ese sentido, la CPPC señaló que la imposibilidad de cumplir con las ventanas de carga pactadas expone a exportadores y operadores a fuertes penalidades contractuales y a un incremento significativo de los costos logísticos.
Además, sostuvo que la incertidumbre operativa puede derivar en el desvío de buques hacia puertos de otros países, deteriorando la imagen de Argentina como proveedor confiable.
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RESPALDO A LA DESREGULACIÓN
Más allá de las consecuencias inmediatas del conflicto, la Cámara consideró que la situación deja en evidencia la necesidad de avanzar con la modernización del régimen que regula el practicaje.
“Que la decisión de un grupo reducido de prestadores pueda paralizar por completo el comercio exterior argentino demuestra que la línea trazada en favor de una mayor competencia, transparencia y revisión de esquemas rígidos es el camino correcto para dotar de competitividad y previsibilidad a nuestra logística regional”, afirmó la entidad.
Al mismo tiempo, la CPPC destacó el profesionalismo de los prácticos, pero rechazó que la desregulación implique una pérdida de seguridad en la navegación.
“No resulta preciso sostener que las medidas de desregulación vigentes comprometan la seguridad operacional: ninguna armadora, capitán o compañía de seguros moverá un buque en vías complejas sin el debido respaldo profesional a bordo”, indicó.
Finalmente, la Cámara de Puertos Privados Comerciales instó tanto al Gobierno nacional como a los representantes del sector de practicaje a abrir de manera urgente una instancia de negociación que permita restablecer la actividad.
La entidad pidió avanzar con la implementación del Decreto 690/2026 dentro de un marco de consenso y previsibilidad, y sostuvo que es indispensable garantizar la inmediata normalización del servicio para recuperar la navegabilidad en todos los puertos del país.
“Es indispensable establecer un espacio de diálogo directo que permita encauzar las discusiones normativas y de modernización dentro de un marco de institucionalidad, previsibilidad y consenso”, concluyó la CPPC.
