Desde el inicio de nuestra gestión en abril pasado buscamos transparentar el mercado alimentario argentino para generar un escenario en el cual el desacople de los precios internos de los externos beneficie a toda la ciudadanía.
Cuidamos también que el ingreso percibido por los productores agropecuarios del país sea el que les permita desarrollar su actividad y ser internacionalmente competitivos.
Para ello, la Oncca regula el sistema de exportaciones de alimentos utilizando las facultades que le confiere la ley para dicha tarea. Así, entre otras medidas, creamos el Registro de Operación de Exportaciones (ROE) Rojo y Verde, aplicando criterios de encaje productivo exportador para asegurar el abastecimiento interno.
El mes de agosto fue récord: se aprobaron pagos por 405,4 millones de pesos a más de 10 mil operadores, entre productores e industrias. El total de desembolsos desde abril alcanza a 29 mil erogaciones que superan los 1.274 millones de pesos.
El decreto presidencial 764 (mayo de 2008), instruyó a la Oncca a revisar las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por expreso mandato de la Ley 26.351 -conocida como Martínez Raymonda- votada por todos los sectores políticos en el Senado. Dicho marco legal faculta a la Oncca a verificar la documentación presentada por las exportadoras cuando en la plaza ya circulaba el rumor del aumento de las alícuotas que efectivamente se produjo.
La Ley 26.351 es precisa al respecto, los declarantes deben demostrar la compra o tenencia del grano al momento de solicitar el registro de operación de exportaciones (ROE verde). Al no poder probarlo, se les obliga a pagar ‘la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación’.
El trabajo realizado por la Oncca, en relación a la revisión de DJVE, arrojó como resultado dos resoluciones enviadas por este organismo a la AFIP, la N° 1.487 -junio de 2008- y la N° 1.898, del 18 de julio de este año. En ellas se informa a la oficina impositiva que en la presentación de ventas de granos al exterior de 57 empresas por un total de 30,7 millones de toneladas hasta el 12 de marzo de 2008, 24 millones de granos y subproductos no pueden demostrar la tenencia o adquisición de los mismos.
Será la Aduana la encargada de definir la ‘base imponible’ sobre la cual se pagará la tributación, es decir, el precio del grano sobre el cual se aplicará el derecho de exportación de las toneladas cuestionadas.
Entre los descargos presentados, las firmas aducen que sus DJVE presentaban volúmenes menores porque se equivocaron y ahora se rectifican presentando nuevas declaraciones juradas. La ley establece que ‘los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición’ del grano. Hablan de documentos que pretenden justificar como ‘contratos a futuro’, de incierta validez jurídica, para acreditar la adquisición.
Estos contradicen las propias declaraciones que realizaron ante la Oncca. Otro argumento utilizado para evitar el pago de los tributos es que los cereales estaban sembrados y faltaba cosecharlos. Nada de lo dicho acredita la tenencia efectiva ni la adquisición a los productores de un grano al momento de la suscripción del contrato que tal vez podría no haber existido por causa de factores externos a ellas, por ejemplo el climático.
Resulta por lo menos sospechoso que los exportadores ahora pretendan rectificar contra sus propias declaraciones juradas, las que señalan cuánto grano habían adquirido o se encontraba acopiado por ellas para exportar. Es inadmisible alegar equivocaciones. Ir en contra de sus propias DJVE presentadas es alejarse del apego a la ley y a la verdad.
Por Ricardo Echegaray, presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca)
(artículo publicado en la edición de hoy de El Federal)
