En la última semana, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación, el confederado Ricardo Buryaile, ingresó un nuevo proyecto para regular la acción de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, el principal desvelo de los dirigentes ruralistas y la oposición.
Lo acompañaron en la iniciativa otros pares ruralistas como el federado Casañas, el ‘felipista’ Raúl Rivara, los confederados Chemes y Aspiazu, el productor salteño Alfredo Olmedo (h), y el radical cordobés Oscar Aguad.
Pero no es el único proyecto que desde el sector ruralistas y opositor busca regular el funcionamiento del organismo.
A fines del año pasado, el empresario agropecuario entrerriano y potencial candidato a disputar la gobernación de la provincia, Atilio Benedetti, presentó otro proyecto en la misma línea, que cuenta con las firmas de Ricardo Alfonsín, y los federados Ulises “Chito” Forte y Pablo Orsolini. Curiosamente, Aguad, Casañas y Aspiazu son firmantes del proyecto.
Pero acá no se acaban las ideas respecto de qué hacer con la Oncca.
Otro de los que quieren tallar sobre su destino es el potencial candidato a disputar la primera magistratura, Francisco De Narváez, quien presentó su propia versión a mediados de 2009, aunque su proyecto no se vio acompañado por la rúbrica de ningún otro legislador.
Próximo al “colorado”, el macrista Cristian Gribaudo también armó el suyo propio, que lo presentó en setiembre de 2008, apenas meses después de iniciado el conflicto de la 125 y volvió a representar en el actual período de sesiones ordinarias.
Las diferencias entre estos proyectos que provienen del arco antikirchnerista son notables.
Por caso, Gribaudo propone que la Oncca pueda intervenir en los mercados “actuando como comprador o vendedor, al solo efecto de evitar prácticas monopólicas o monopsónicas”.
Esta función no aparece en el proyecto de Buryaile et al, que puntualiza las 27 funciones que podrá realizar la Oncca, aclarando que en adelante el Poder Ejecutivo Nacional no podrá agregar o modificar ninguna de ellas.
Puntualmente, el proyecto de Buryaile propone eliminar el sistema de compensaciones, derivando los fondos existentes a la promoción de actividades productivas.
En cambio, el proyecto de Benedetti extiende las funciones del organismo a 39, incluyendo la distribución de la Cuota Hilton. Este proyecto incluye una puntillosa enumeración (Título VII) de las infracciones y sanciones que podrá aplicar la oficina, que se encuentran ausentes en los proyectos de De Narváez y Gribaudo.
En este sentido, el proyecto más restrictivo pareciera ser el del colombiano, quien incluso especifica que “no será función del presidente (de la Oncca) la regulación o limitación comercial interna o externa de productos de origen agropecuario”.
Otra diferencia es que el proyecto de Buryaile deroga el Decreto 1.067/2005 por el cual se le otorgó la autarquía a la oficina, mientras que los otros lo modifican.
De todas maneras, el debate respecto de qué hacer con el organismo se topará con otros de signo opuesto, como el diputado Julio Ledesma que plantea crear una Empresa Nacional de Exportación e Importación.
Nota publicada en la Edición de hoy del Semanario Infocampo
