El gobierno de Uruguay desreguló el mercado lechero local al eliminar al pago diferencial de la leche para el consumo interno (‘leche cuota’) que regía desde 1947.
El cambio forma parte de la nueva política lechera que se impulsa desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del vecino país (Mgap), la cual busca eliminar eventuales distorsiones presentes entre el precio de la leche en el mercado internacional y la capacidad de pago de la industria láctea oriental.
La política lechera, vigente hasta la semana en Uruguay, disponía que una parte de la leche entregada por los tamberos a la industria debía tener un precio fijado por el gobierno (específicamente por el Mgap). Pero ahora dos decretos ‘firmados el viernes pasado por el gobierno oriental’ terminaron con esta metodología.
Las nuevas normas dejan ‘sin efecto, a partir del 1 de marzo de 2008, el sistema de fijación administrativa del precio al productor de la lache para consumo líquido’, de manera tal que queda ‘liberado el precio señalado a las reglas de la oferta y la demanda, a partir de la fecha señalada’.
En los fundamentos de la medida, se indica que ‘la evolución al alza de los precios del mercado internacional ha generado distorsiones entre el precio al productor fijado para la leche consumo y el precio libre de industria’, por lo que se considera ‘conveniente generar condiciones que tiendan a equilibrar los precios cuota e industria al productor’. Esto porque la ‘leche cuota’, en sus orígenes, fue establecida para defender el precio pagado a los tamberos de menor escala. Sin embargo, en el último año el crecimiento de los precios internacionales fue tal alto que el precio ‘libre’ terminó superando con creces al valor regulado por el gobierno.
De todas maneras, el precio minorista de la leche pasteurizada al consumidor final seguirá siendo fijado por el Poder Ejecutivo de la nación vecina.
La nueva norma también dispuso que la industria láctea uruguaya deberá aportar 0,06 pesos uruguayos por litro de leche comprado para constituir un fondo que será destinado a subsidiar el precio de los productos lácteos básicos que tengan como destino el mercado interno.
Fuentes: El País / Blasina & Tardáguila
