“Sufrimos el poder de las grandes corporaciones que intervienen en el acopio y comercialización de cereales en el país. Ellos son los responsables del constante deterioro de cuanto acuerdo tarifario hemos celebrado con los sectores de la producción y comercialización de granos en la Provincia de Córdoba, al someternos a la indigna práctica de ver quien baja más los precios del flete”.
Así lo indicaron Rodolfo Marcle y Pablo Trapani, presidente y secretario general, respectivamente, de la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas (Fecotac), en una carta enviada a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“Son ellos mismos los que le descuentan al productor agropecuario el flete del cereal puesto en puerto Rosario, conforme nuestro propio cuadro tarifario, siendo que luego o bien somos contratados hasta por un cuarenta por ciento (40%) menos, o cuentan con el ferrocarril para su traslado, lo que no solo aumenta su margen de ganancia sino que dicha modalidad nos excluye totalmente”, explicaron los dirigentes transportistas.
“Se enriquecen sin causa de lo que le cobran al productor en concepto de flete y lo que le dejan de pagar al transportista. Tales situaciones generan obstáculos enormes en orden a la profesionalización de la actividad y el mejoramiento de la calidad de vida de los transportistas del sector, a los que debe sumarse la reciente decisión de la Secretaria de Transporte de la Nación de avanzar en la aplicación del régimen de Peso/Potencia contemplado Art. 53 de la Ley 24449”, indicaron.
“Tal cosa vino siendo prorrogada, año tras año, debido a que su implementación siempre implicó dejar una inmensa mayoría de transportistas (80.000 unidades) fuera de la actividad, pero lamentablemente parece que esta vez tal consecuencia no va a ser contemplada y generará graves problemas”, apuntaron.
Marcle y Trapani explicaron que “para tener una idea de cómo repercutirá dicha política en el sector de autotransporte de cargas, especialmente el de cereal, que resulta ser el que posee la flota de camiones más obsoleta (35 años promedio de antigüedad), considérese que al elevarse el coeficiente de relación de peso/potencia a los valores actualmente exigidos (4,25 CV caballo vapor por tonelada de peso) los transportistas que poseen vehículos de menos de 200 CV, verán disminuida significativamente la capacidad de carga de sus camiones, lo que tornará la actividad antieconómica ya que los gastos fijos por viaje siguen siendo los mismos”.
“Por eso solicitamos en carácter de MUY URGENTE se establezca una nueva prórroga para la implementación de la norma por no menos de 18 meses y se acompañe con líneas de crédito adecuadas para que estos miles de trabajadores no pasen a engrosar los cordones de pobrezas de las grandes urbes y sigan con lo que mejor saben hacer, TRABAJAR”, añadieron.
“No puede adjetivarse de falta de previsibilidad al transportista, como hemos escuchado en numerosas oportunidades de quienes tienen injerencia en el tema, cuando en realidad, la falta de tutela de la actividad por parte del estado, en nada ha contribuido en estos últimos años, signados por la desregulación en materia de transporte, a su progreso económico, a su adecuada capacitación, a su profesionalización, todo lo que en definitiva lo conspira para que quede al margen del sistema crediticio”, señalaron.
“Por estas y otras razones, que a fuerza de ser breve, no mencionamos, aun cuando forman parte de un legítimo reclamo, es que le solicitamos, nos conceda una audiencia para poder plantearle acabadamente las necesidades de nuestro sector”, concluyeron.
