“Los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) entienden que temas tan importantes como el Dominio sobre la Propiedad de las Tierras Rurales se debe analizar con detenimiento y en profundidad, buscando el consenso entre todos los actores involucrados, con una mirada de largo plazo”.
Así lo indicó hoy un comunicado difundido por el Movimiento CREA. “En el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo hay puntos que deberían debatirse más intensamente antes de convertirse en ley, más allá de la agenda política”, solicitaron.
“Hay que convocar a distintos especialistas –INTA, universidades, institutos de investigación, asociaciones de productores, técnicos de varias disciplinas– para que, interactuando, desarrollen el mejor contenido con miras a su aplicación futura, dentro de la visión estratégica del país que se procura impulsar”, añadieron.
Entre los principales aspectos por resolver del proyecto kirchnerista sobre el tema (denominado “proyecto de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”) el Movimiento CREA señaló que se encuentran los siguientes:
1. La Autoridad de Aplicación de la ley es el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Resulta desconocido el rol de las provincias, a pesar de que la Constitución Nacional establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”
2. El límite de 1000 hectáreas establecido no contempla las diversidades geográficas del territorio nacional, a lo largo del cual la productividad por hectárea varía de acuerdo a la región. Dicho cómputo lo determinará la Autoridad de Aplicación atendiendo a parámetros complementarios (localización, capacidad y calidad de las tierras, y situación de titularidad de dominio). Se debe tener en cuenta que existe legislación provincial que establece el concepto de Unidades Económicas Agrarias en función a parámetros productivos, estableciendo su extensión para permitir una explotación rentable.
3. El proyecto de ley establece que el 20% de las tierras rurales totales será la máxima extensión que podrá estar en manos de personas extranjeras. Es desconocido el porcentaje de tierras que actualmente pertenecen a extranjeros y su ubicación.
4. La ley no contempla un Régimen Especial para inversiones extranjeras que permita, de acuerdo a parámetros definidos, realizar inversiones que no sean desarrolladas por capitales nacionales y que sean, consideradas estratégicas para impulsar una determinada región o actividad productiva.
