Un equipo de funcionarios y técnicos trabajan bajo el pedido directo de la Presidenta de la Nación en nuevas alternativas para concretar un desembarco oficial en YPF. Así lo informa el diario El Cronista, donde afirma que se trabaja en dos objetivos: cerrar la compra por la vía negociada de al menos un 33% de la petrolera, y dotar al Estado de acciones que lo conviertan en la primera minoría, con preeminencia en las decisiones por encima de sus socios.
El proyecto abarcaría la declaración de interés público de hasta un 35% de las acciones de al empresa, correspondiendo, en un proncipio, un 25% a la familia Eskenazi, y un 10% a Repsol.
Si bien la petrolera conservaría al menos un 50% de la empresa, el Estado contaría con cuatro directores, la acción de oro le permite ocupar un sillón adicional en el mayor órgano de decisión y el camino allanado para conducir la empresa.
Más allá de las tensiones generadas entre YPF y el Gobierno, que llegaron hasta la reversión de áreas petroleras por parte de Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza y Salta, en el entorno de la Nación se muestra interés en estas alternativas. De esa manera, la Argentina mejora su posición frente a España, que ya mostró su interés por proteger a Repsol, o México, que tiene intereses en YPF debido a que es accionista minoritaria de la empresa.
