A través del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, el Gobierno nacional denunció penalmente los “cacerolazos” de la noche del miércoles frente al edificio en que vive el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en el barrio porteño de Constitución.
La demanda recayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, quien de inmediato se apartó de la denuncia, que ahora irá de nuevo a la Cámara Federal para que sea sorteada otra vez.
Según el comunicado oficial, “los hechos denunciados configuran los delitos de amenazas, incitación a la violencia e intimidación contra un funcionario público agravada, tipificados en los artículos 149 bis, 212, 237 y 238 del Código Penal”.
“Moreno es sometido desde hace varios días, a través de diferentes redes sociales, a amenazas de muerte. Las intimidaciones son, además, fomentadas mediante una innumerable cantidad de mensajes que alientan a concretar el hecho”, señaló el funcionario.
Alak concurrió a la sede de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 acompañado por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, donde aportó “contundente material probatorio para respaldar la denuncia formulada”.
