Luego de la reunión con el ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, en un comunicado la Mesa constituida por CARBAP, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria Argentina resaltó la falta de respuesta frente a las inundaciones.
“Restan la homologación de las actas 205, 206, 207 y 208 con las prórrogas de la emergencias”, dijeron los ruralistas y destacaron que la situación encuentra a los establecimientos afectados frente al vencimiento de la tercera cuota de los impuestos inmobiliarios sin poder tener los beneficios de las mismas.
Esto ocurre “por no estar firmados los decretos de las actas de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuarios de la Provincia de Buenos Aires (CEBADA), dijeron.
Por su parte, el Ministerio, en una información difundida en la víspera, advirtió que “convocada a causa de las inundaciones, la CEDABA sesionó en el período comprendido entre el 21 de marzo y el 14 de noviembre en once oportunidades de donde surgieron declaraciones de emergencia y/o desastre para 46 partidos de la provincia”.
Según publicó Ámbito Financiero, para el oficialismo bonaerense, “se desprende que de las 14.820.000 hectáreas que comprenden los partidos en emergencia se encuentran con algún tipo de afectación unos 4.000.000 y de ellas, 2.100.000 están especialmente afectadas”.
En la reunión, Pablo Mercuri, director del Instituto del Clima y Agua del INTA, presentó un monitoreo de recursos hídricos realizado tomando comparativamente datos de las campañas 2011 y 2012.
“Al proyectar la tendencia para los primeros meses del verano indicó que «podría regularizarse el patrón de lluvias”.
El jefe de Gabinete del Ministerio de Asuntos Agrarios, Juan Ángel Cruz, presentó a las entidades agropecuarias el proyecto del nuevo Decreto reglamentario de la Ley 10.699 de agroquímicos, orientado a la incorporación de buenas prácticas en el uso de plaguicidas.
Los dirigentes agropecuarios destacaron ciertos avances en el decreto reglamentario, pero se mostraron preocupados porque «a nivel tributario, la alta presión inclusive al sector perjudicado por las sequías e inundaciones, resulta altamente gravoso llevando al sector a la desinversión».
“Además, la ley impositiva 2013 crea un nuevo impuesto denominado Impuesto Inmobiliario Complementario”, afirmaron y señalaron que “desde el Ministerio de Asuntos Agrarios existe más preocupación por la reducción en la recaudación provincial, tal cual lo expresó en comunicado oficial el ministro Arrieta, que si se afecta la capacidad productiva de la provincia, expresando claramente el único interés recaudatorio que para el ministro tiene el sector”.
