“Esto es un lock out empresario con medidas de intimidación y coacción. Son un grupo de empresarios dueños de camiones los que están adoptando todo este tipo de medidas. Están tomando toda la zona de Necochea y de Bragado. No es un tema menor que una firma asociada a nosotros (La Bragadense) la tengan bloqueada y tomada la planta con acciones claras de intimidación a las oficinas desde hace 40 días. Ellos pretenden una modificación de la tarifa que fue aumentada últimamente con vigencia a partir del 01/04. De manera tal que es la única entidad de transportistas que pretende esta modificación. El resto de las tradicionales (FADEEAC, CATAC), más todas las asociaciones y federaciones no convalidan esa pretensión. Por lo tanto, cuando ellos dicen que van sobre una tarifa es una excusa para lograr algún beneficio y apoderarse de la distribución de cargas en la provincia. Creo que esto excedió al transporte y ya es un problema de seguridad”, señaló a “Siempre que llovió…, paró”, que se emite por Radio Colonia, Raúl Dente, asesor general de la federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, al ser consultado sobre la reciente medida gremial que inmovilizó, y aisló, buena parte del territorio bonaerense.
El tema, si bien registró cierta distensión durante el fin de semana, parece distar de estar arreglado. “La gente involucrada hizo todas las denuncias penales que corresponden y la justicia está actuando, pero no sabemos con qué celeridad porque tenemos entendido que hubo algunas órdenes de arresto dando vuelta. También creemos que están actuando algunos jueces federales porque el taponamiento de las rutas nacionales es un delito federal. Ahora, lo que creemos es que falta una decisión política clara de las autoridades de la Provincia y de la Nación como para garantizar la libre circulación de bienes y personas. Algunos preguntan por qué no negociamos, y acá no hay nada por negociar. Uno no puede negociar nada con una entidad que no es representativa y donde nadie sabe qué es lo que pretende, aunque se sospecha que pretenden apoderarse de la distribución de las cargas”, agregó Dente.
Respecto al impacto, destacó que “Se dice que hay 12 barcos en espera, y cada uno de ellos vale US$ 20.000/30.000. No es un tema menor. Pero yo advierto que todas las entidades, están en contra de esta institución, que se ha dado el lujo de paralizar a través de medidas de intimidación y coacción la economía regional”, dijo..
