Con 57 votos a favor -y 15 ausencias- se votó el proyecto, que ahora pasará a Diputados. La iniciativa obtuvo el respaldo de todos los bloques que conforman la Cámara alta y fue aprobado por unanimidad en general, aunque la oposición presentó algunas disidencias en el debate en particular, que perdió, según publicó Minuto Uno.
Angeles Higonet (PJ-La Pampa) aseguró en el inicio de la sesión que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “ha buscado siempre la protección de los trabajadores como base de su doctrina justicialista”.
“Se han dado pasos muy importantes, se ha reducido el trabajo informal pero se ve un estancamiento desde 2009”, sostuvo la legisladora al justificar la necesidad de aprobar esta iniciativa.
Explicó que el proyecto “tiene herramientas articuladas para atacar el empleo informal de manera integral” y mencionó entre las nuevas medidas la creación del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, sostuvo que el proyecto “en pequeños talleres y empresas va a ser un elemento activador y generador de empleo nuevo”.
“En la Argentina, los indicadores que son muy precisos en materia de empleo indican una baja notable del empleo en negro. Y, fundamentalmente, subió la generación de empleo en blanco en casi cinco millones de puestos de trabajo”, puntualizó.
En representación del radicalismo, el senador por Santa Cruz, Alfredo Martínez, justificó el apoyo en general de su bloque porque considera que “avanza en ampliar los derechos de los trabajadores”, aunque avisó que tienen objeciones en lo particular.
Por el peronismo disidente, la puntana Liliana Negre de Alonso admitió que las medidas “traen algún desahogo porque lleva cierta tranquilidad al sector de los trabajadores que ven que al aliviar las cargas contributuvas de su empleador le dan una garantía de permanencia”.
Negre de Alonso planteó dudas respecto del proceso de financiamiento, aunque su bloque acompañó en general la aprobación del texto y rechazó algunos artículos específicos.
El proyecto crea el Registro Público de Empleadores con sanciones laborales que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
La iniciativa también crea un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de Menores Niveles de Productividad y Competitividad. Ese régimen abarca a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual. Para ellas habrá una reducción en las contribuciones patronales de hasta un 50 por ciento de manera permanente y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en ese sector.
Las empresas de hasta 15 trabajadores van a tener un régimen transitorio para la creación de nuevos puestos de trabajo que van a tener una disminución de cargas sociales; en tanto que habrá otra escala para las empresas que tengan entre 17 y 80 trabajadores y más de 80 empleados.
El proyecto obtuvo dictamen rápidamente y contó con las firmas de los integrantes del bloque del Frente para la Victoria, pero también del socialista Rubén Giustiniani (aunque en disidencia parcial) y del radical Eugenio Artaza. Por ello, se descuenta que el Senado sancionará por amplia mayoría el nuevo régimen, ya que cuenta con los votos del oficialismo, de sus aliados y de varios sectores de la oposición, como el radicalismo y UNEN.
