El llamado Grupo de los 6 (G6) que agrupa a las máximas entidades empresarias manifestó su rechazo unánime al proyecto de reforma de la ley de Abastecimiento propuesto por el Gobierno. Tras las frustradas negociaciones de la semana pasada con el secretario de Comercio, Augusto Costa, los directivos se reunieron en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) para acordar un texto antes de que el proyecto comience a ser discutido en el Congreso esta tarde.
El encuentro concluyó poco después de las 12:30. Tras haber debatido poco más de una hora y media, los dirigentes salieron a expresar su rechazo ante los medios presentes. “Vemos que es negativo a lo que es la actividad económica argentina. Lo vamos a plantear en el Congreso y en el caso de que sea sancionada vamos a ir a la Justicia”, anticipó el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere.
El titular de la Bolsa porteña, Adelmo Gabbi, confirmó que este miércoles, cuando la presidente Cristina Kirchner concurra a su sede para un acto, le harán saber sus críticas. “Vamos a resaltar la importancia de la empresa en el país y otros temas fundamentales como lo que ha significado el cepo cambiario para la actividad. Tenemos que volver a recuperar la confianza para recuperar los superávits gemelos”
Además de ellos, de la reunión participaron Carlos de la Vega, de la Cámara de Comercio, y Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción; y de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Jorge Brito.
Según pudo saber Infobae, se espera para este mediodía una comunicación conjunta contra la iniciativa a través de un comunicado.
Varias entidades del sector privado expresaron la semana pasada su absoluto repudio al proyecto por considerar que es inconstitucional y que implica una estatización del mercado, según planteó la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) en la carta que le envió a los legisladores.
Al llegar al encuentro Etchevehere, representante de la Mesa de Enlace, enfatizó: “Si sale esta ley me van a obligar a trabajar a pérdida”. En este sentido, agregó: “Es una ley inconstitucional porque atenta contra el derecho a la propiedad; cualquier funcionario puede obligarte a vender o producir a pérdida”.
Quien también se sumó a estas críticas fue José Ignacio de Mendiguren. “Sorprende que esta ley sea vendida como defensa al consumidor, cuando en realidad afecta la inversión. Nos preocupa el consumidor, pero hay que entender que el consumidor primero es un trabajador”.
Esta tarde, en la Cámara alta, comenzará a tratarse en un plenario de comisiones uno de los tres textos que integran el paquete de medidas para la reforma de la ley de Abastecimiento, sancionada en 1974. Es el referente a la creación de fueros judiciales para dirimir las controversias entre comerciantes y consumidores.
De los tres proyectos de ley, ése es el menos cuestionado por el sector privado y la oposición. La iniciativa que despierta el rechazo unánime es la referida a la nueva regulación de las condiciones de producción y consumo, que será discutida los próximos días. Esta propuesta establece la potestad al Estado de imponer precios máximos, márgenes de utilidad y la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional.
Las críticas radican en que entienden que esas potestades, calificadas como intervencionistas, repercutirán muy negativamente en los niveles de inversión y empleo.
