El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Hugo Biolcati reconoció que, a más de un año de las elecciones legislativas, existe un impulso desde la oposición para tratar los temas que preocupan a los productores agropecuarios y al país, y que ‘resultaría inadmisible que el Congreso no recupere las facultades que delegó al Poder Ejecutivo’, que vencen el 24 de agosto y que lo autoriza, entre otras cosas, a establecer las alícuotas de las retenciones.
El dirigente habló durante la conferencia de prensa para presentar la 124° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se realizará del 22 de julio al 3 de agosto, y solicitó avanzar en la reforma de la Oncca: ‘Necesitamos que el Congreso llegue a un consenso que devuelva a la Oncca las funciones para las que fue creada, y que se investiguen a fondo los graves hechos de corrupción allí denunciados’.
Además, Biolcati dijo que con el nivel de retenciones en el 35%, la mitad de la producción de soja de la Argentina es inviable: ‘Se habla de una cosecha récord de soja, pero la realidad es que con este nivel de retenciones, la mitad de los productores trabajaron a pérdida’, dijo y pidió retenciones cero para el maíz, el trigo, el sorgo, el girasol y las economías regionales. ‘Los países que afrontan la redistribución de ingresos de manera racional no basan el gran porcentaje de su recaudación en impuestos al consumo como el IVA, ni a la producción, como las retenciones, sino en el impuesto a las ganancias’, agregó y recordó que cuando se está en plena siembra del trigo, todavía hay productores que no pudieron vender el cereal por la intervención a los mercados.
Más adelante, Biolcati se refirió al proyecto de Ley de trabajo agrario impulsado por el Poder Ejecutivo: ‘Se trata de una nueva agresión al campo que pretende estatizar el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), un ejemplo de trabajo conjunto entre productores y empleados’.
Por último, el ruralista se refirió a las trabas a las importaciones: ‘Estas medidas generan desconfianza y espantan a la inversión, pero además traban procesos productivos a empresas argentinas y mina la confianza de la Argentina en los mercados internacionales, poniendo en riesgo un tratado vital para nuestro país como es el de la Unión Europea y el Mercosur’.
